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Canarias contará con un 19,5% más de fondos para la financiación de proyectos sociales con cargo al IRPF

·       Canarias contará con 11,2 millones de euros para esta convocatoria, 1,8 millones más que en 2020

 

 

Canarias contará este año con un total de 11.193.316 euros en el marco de la convocatoria de ayudas vinculada a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social. Este montante implica un incremento en 1,8 millones de euros con respecto al 2020, es decir, un 19,5% más.

 

Esta partida fue acordada hace unos días en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el que se acordó la propuesta de distribución de los citados fondos del 0,7% del IRPF entre todas las Comunidades autónomas, contando las Islas con un 4,29% del total de los fondos a distribuir.

 

El presupuesto para esta convocatoria se ha ido incrementando en los tres últimos años, pasando de los 7,6 millones de euros en la convocatoria de 2019, a los 9,3 millones de euros de 2020 y los 11,1 millones de euros en 2021. A esta respecto, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, indicó que “el incremento continuado de los fondos permite ir dotando a las entidades sociales que se presentan en la convocatoria anual de ayudas con cargo al IRPF de una mayor cobertura financiera para  la realización de una mayor cantidad de proyectos y programas de interés general, lo que se traduce en llegar a un mayor número de personas en situación de exclusión atendidas”.

A la convocatoria de ayudas con cargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que se establecen por concurrencia competitiva, pueden acceder las entidades del Tercer Sector de acción social así como las entidades u organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, que desarrollen programas cuyo fin sea cubrir la atención integral a las necesidades sociales básicas de personas en situación de pobreza o exclusión así como en situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de discriminaciones por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad, identidad y orientación sexual.

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