- El Cabildo reduce a 30 trimestrales los viajes necesarios para obtener la gratuidad del bono de transporte
- La Corporación insular flexibiliza con esta iniciativa la medida anterior, que requería que las y los usuarios realizaran 15 viajes al mes
- Hoy, en la Isla hay 400.000 bonos residentes activos, lo que supone que casi la mitad de la población usa el transporte público regularmente y se realizan 90,6 millones de viajes al año
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado hoy que la Corporación insular reduce a 30 viajes trimestrales los trayectos que deberán realizar las y los usuarios del transporte público en la Isla para obtener el bono gratis. Con esta iniciativa, el Gobierno insular reduce y flexibiliza las condiciones anteriores, que requerían que los viajes fueran 15 cada mes.
Así lo ha detallado el presidente insular, en una comparecencia que ha protagonizado junto al vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, ante los medios de comunicación, para dar cuenta a la ciudadanía grancanaria de estos nuevos requisitos.
Así, la nueva norma, que ha sido consensuada con el Cabildo de Tenerife, supone, como explicó Teodoro Sosa, “un control riguroso y también flexibilidad”, ya que va a permitir que personas que, hasta ahora, tenían que hacer esos 15 viajes y que se detectó que algunos de esos viajes podían ser ‘ociosos’, para llegar a ese tope mensual. “De esa manera, esos 30 viajes trimestrales no se van a controlar mes a mes”, explicó el consejero. “Ya no tendremos que tener ese apuro para intentar consolidar esos 15 viajes mensualmente y mantener la gratuidad”.
En este sentido, Sosa incidió en que, en la actualidad, en Gran Canaria hay 400.000 bonos residentes activos, lo que significa que casi la mitad de la población utiliza el transporte público regularmente, por lo que esta medida es de singular importancia para la ciudadanía.
De este modo, el nuevo sistema arrancará el 1 de febrero y, a partir de ese día, una persona tendrá que controlarse solo al trimestre, no mensualmente. Y, si incumple los requisitos, tendrá que ir a pagar su recibo, su bono, y automáticamente se le abrirá una nueva ventana, un nuevo período de cancelación por los siguientes tres meses.
En este contexto, el presidente Morales destacó la apuesta decidida del Cabildo de Gran Canaria por el transporte público, “dado que fuimos la primera administración pública de Canarias que abogó por una semigratuidad real del transporte público, con una política de bonos dirigida a los jóvenes, a los mayores y al conjunto de la ciudadanía que apuesta por el uso de las guaguas”, recordó. “Y lo hicimos porque entendíamos que era necesario impulsar el transporte de viajeros en guaguas en Gran Canaria, por ser parte del compromiso del Gobierno de la Isla con la sostenibilidad y, por tanto, con la lucha para hacer posible la descarbonización total del territorio insular”. Unas iniciativas que, como apuntó, han ido logrando un incremento notable del uso del transporte público en la Isla.
Puso de relieve que estas medidas impulsadas por el Cabildo en los últimos años han ido consiguiendo un incremento notable del uso del transporte público en la Isla, a lo que ha contribuido, asimismo, la gratuidad incluida por el Gobierno central en el paquete de acciones que acometió para afrontar la crisis económica. Una afirmación que justificó con unos datos que calificó de “contundentes e impactantes”, dado que, como especificó, el número de viajeros y viajeras en el transporte público en la Isla alcanzó en 2022 los 66 millones y, en 2023, se acercó a los 91 millones, es decir, 24,5 millones más, lo que significa un 37% de aumento.
Hizo hincapié, además, en la relevancia de los recursos que aportan las instituciones para este objetivo, fundamentalmente desde el Estado y desde el Cabildo de Gran Canaria. Así, detalló que el coste de bonificación de la gratuidad a las operadoras ha sido de 72 millones de euros en el último año, de los que el Gobierno central pone cerca de 49 millones, un 67,4%, mientras que la Corporación grancanaria participa con casi 19 millones de euros y la Comunidad Autónoma, con 4,2 millones más, que indicó que se reducirán este año. “Y aquí no incluimos los 14 millones que pone el Cabildo al déficit tarifario”, señaló. “Por lo tanto, nuestra aportación total es de 34 millones de euros, el Estado podría quedarse en unos 59 y el Gobierno canario, en cuatro. Ese es el coste real de lo que suponen para la Isla la gratuidad del transporte público de pasajeros”, zanjó.
El presidente insular recalcó, finalmente, que la continuidad de la gratuidad por las subvenciones incluidas en los presupuestos de 2024 por parte del Estado que están pendientes de aprobación nos va a permitir prolongar esta situación con esas modificaciones que se han coordinado con el Cabildo de Tenerife.
Papel esencial de las seis operadoras de Gran Canaria
Teodoro Sosa también dedicó palabras de alabanza y agradecimiento a las seis operadoras que trabajan en la Isla, por su implicación para lograr mover a 90,7 millones de personas. “Gran Canaria apuesta por un modelo de movilidad sostenible creíble, con datos sobre la mesa. Hemos conseguido eliminar tráfico de nuestras carreteras y eso afecta directamente al bolsillo de nuestros ciudadanos”, reflexionó. “Eso es economía cercana, es también no tener atascos y es permitir que haya menos contaminación, gracias al Cabildo y a esas operadoras, que han incrementado en un 37% el transporte y han sabido apostar por más conductores, por más guaguas y por ir de la mano con la Autoridad Única del Transporte”.
Abundó, de la misma manera, en el hecho de que Gran Canaria y Tenerife se hayan unido en este propósito, una situación que alabó, al considerar que es preciso apostar por un modelo consensuado. “Se trata de un acuerdo para seguir mejorando la calidad del servicio y también se ha hecho pensando en la ciudadanía, dado que también se modifica el sistema de penalizaciones”, insistió.
Por último, se refirió a las aportaciones de fondos de cada administración, para enfatizar que se debe ser contundente en este punto. “Es importante hablar de movilidad sostenible, pero también hay que hablar del dinero y hay que compensar. No es solo una decisión que nos atañe a un ayuntamiento como el de la capital o un Cabildo de Gran Canaria o un Estado, También el Gobierno de Canarias”, concluyó. “No podemos seguir soportando exclusivamente una parte de las administraciones un tema con el que a todos se les llena la boca al hablar de movilidad sostenible, de quitar tráfico de las carreteras y de apostar por un desarrollo medioambientalmente equilibrado y por una economía donde la gente deje el coche aparcado y coja el transporte colectivo. Para eso tiene que haber colaboración de todas las administraciones”, sentenció.