- Carmen Hernández apuesta por ejecutar el plan canario y exigir a Madrid y la UE una norma específica para Canarias como RUP que impida la compra especulativa de los extranjeros
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) propone al Gobierno y a los grupos parlamentarios que se incentive el alquiler de las viviendas vacías con medidas económicas y garantías jurídicas para los propietarios. Para el grupo canarista, se trata de una iniciativa con la que poner de nuevo en el mercado y de forma rápida, al menos, el 10 por ciento de las más de 211.000 residencias vacías existentes en el Archipiélago para comenzar a responder a la emergencia habitacional. Los canaristas progresistas pretenden así cubrir algunas de las carencias detectadas en el decreto ley del Ejecutivo de las derechas canarias. También con una apuesta decidida para ejecutar el plan canario vigente hasta 2025 que prevé cerca de 6.000 residencias públicas y la exigencia al Ejecutivo estatal y la Unión Europea (UE) de una normativa específica para Canarias, en su condición de Región Ultraperiférica (RUP), que impida la compra especulativa de los extranjeros. La portavoz parlamentaria en la materia, Carmen Hernández, complementó estás medidas con la regulación de la vivienda vacacional para evitar que la población canaria residente sea expulsada de los barrios.
Con el decreto ley aprobado y la necesidad, para NC-BC, de que sea tramitado en la Cámara como un proyecto de ley para presentar propuestas de mejora, Carmen Hernández interpelará mañana martes, en el pleno, al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, para “saber cómo va a cumplir su compromiso” de que las familias canarias accederán a una vivienda digna.
La parlamentaria canarista se hizo esta pregunta ante algunas importantes carencias y distorsiones detectadas en el decreto ley, que “se supone” contempla medidas urgentes ya que declara la “más que justificada” emergencia habitacional. Hernández denunció la ausencia de medidas “inmediatas” que garanticen el acceso a una residencia, ya sea pública donde constan 25.159 demandantes que optan en un 80 por ciento por el arrendamiento y en el mercado libre de compra y alquiler de imposible acceso para los jóvenes, familias vulnerables y rentas medias.
NC-BC propone que se incentive ya, sin perder tiempo, el alquiler de, al menos, el 10 por ciento de las más de 211.000 unidades vacías que hay Canarias. Serían incentivos públicos, remarcó la portavoz canarista, que contengan garantías jurídicas y económicas para los propietarios.
A la apuesta del decreto gubernamental por la promoción de residencias protegidas privadas que “deja sin aclarar” cuántas serán para arrendar y para comprar, Hernández detecta una “ausencia” de propuestas “ambiciosas” para, “de manera rápida”, construir vivienda pública y social. Por ello, apostó por priorizar la ejecución del plan canario en vigor mediante el impulso de las licitaciones preparadas, el seguimiento de las que están en construcción, la agilización de la redacción de los proyectos gestionados con fondos europeos, la modernización del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y su coordinación con Viviendas Sociales e Infraestructuras Canarias (Visocan).
También la importancia de trabajar junto con los ayuntamientos y los cabildos y sus empresas públicas o consorcios especializados en materia de vivienda, fomentar la gestión de los planes de emergencia social a través del programa Canarias Pro Hogar y de la vivienda colaborativa.
Para Hernández otra de las medidas relevantes pasa por regular la vivienda vacacional en las zonas turísticas y grandes núcleos urbanos, principalmente, para que la población residente no sea expulsada de los barrios. Al igual que la exigencia a Madrid y Bruselas de una normativa específica una normativa específica para Canarias, por su condición RUP y en base a la jurisprudencia existente, que impida la compra de viviendas por extranjeros con fines especulativos.
A la falta de transparencia y participación, salvo la de los constructores, en la elaboración del decreto ley que modifica la ley de vivienda, la del suelo y la turística; NC-BC cuestiona la conversión de los locales comerciales y oficinas en residencias, así como del suelo rústico y el dotacional para los servicios públicos (sanitarios y educativos, entre los principales) con los mismos fines.
Carmen Hernández afirmó que, con las iniciativas de NC-BC, se trata de aportar una estrategia “realista y eficaz a favor del derecho constitucional y estatutario del acceso a la vivienda. Lo que no necesitamos es aumentar la especulación inmobiliaria ni el negocio. Más viviendas sociales y más residencias a precios asequibles para la mayoría social”.