El pasado martes día 30 se convocó la Conferencia de Presidentes en el Parlamento de Canarias. Es bueno que nos reunamos, que pongamos en común las distintas realidades de cada isla, que abramos espacios de diálogo con los empresarios, los sindicatos, las organizaciones medioambientales… Las visiones que ya allí se expusieron son plurales, dispares a veces…como lo son las islas de este archipiélago atlántico. Esta fue la visión que trasladé, desde el Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y a los restantes cabildos insulares sobre el reto demográfico, el turismo y sus afecciones sociales, económicas y medioambientales.
Los hombres y mujeres de Canarias son hoy más pobres que hace dos décadas, y se alejan cada vez más de la media europea en renta y poder adquisitivo a pesar del crecimiento de los indicadores económicos del archipiélago. La tendencia es general en el conjunto del Estado (el crecimiento del PIB y del empleo son mayores de lo esperado), pero los datos negativos en nuestra tierra están por encima de la media. Canarias se encuentra entre las tres comunidades con mayor tasa de paro (16,9%) Somos la tercera comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (32,8%)
No solo es que nos estemos empobreciendo, es que cada día somos más desiguales. Y es que un 0.3% de los canarios (6.477 personas) acumula 22.417,5 millones de euros, una cifra equivalente a la mitad del PIB. Es la mayor suma que nunca hayan acumulado. Siendo la comunidad con menos PIB per cápita, somos la cuarta comunidad en grandes fortunas. Mientras tanto, Canarias registra una tasa de pobreza y exclusión del 35,5%, cuando la media en España no llega al 28%.
El pasado 20 de septiembre de 2023, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero Ceballos, en un debate dentro de las Jornadas Conecta organizadas por el Parlamento de Canarias, afirmó con rotundidad que el desarrollo económico de Canarias en este siglo es un “desastre” y que el PIB per cápita canario se distancia negativamente de la media española y europea desde el año 2000.
En el año 2000 el PIB per cápita de Canarias era de 20.703 euros, mientras que el estatal ascendía a 21.401 euros. Esto suponía que el PIB de Canarias era el 97% del español, presentando una diferencia de casi 700 euros. En el año 2021 el PIB per cápita de Canarias fue de 18.990 € euros, frente a los 25.498 € euros de PIB per cápita en España, lo que nos sitúa en el último puesto de España en lo que a riqueza por habitante se refiere. Esto es muy grave.
En los últimos cincuenta años Canarias ha experimentado un aumento poblacional sin precedentes, pero en las últimas dos décadas el incremento que se ha producido en algunas islas de un 100%, un 70% o un 35%, es realmente preocupante (en Gran Canaria ha sido en este periodo de un 15% y en los últimos 10 años de un 1,1% – 9. 400 habitantes-).
Al tiempo que esto sucede, el turismo, nuestra principal actividad económica no deja de crecer. En el año 2000 llegaron a las islas Canarias 9.975.977 turistas, en 2022 14,6 millones y en 2023 16 millones, una cifra que es prácticamente seguro que se superará este año (la llegada de turistas hasta agosto había aumentado en un 16%).
Pues bien, sí como ya dije, en el año 2000 la renta per cápita en Canarias era de 20.703 euros, en 2021 fue de 18.990 € euros y según datos de Eurostat este año ha vuelto a bajar. Es decir, en estas dos décadas hemos visto incrementarse la llegada de visitantes en un 50% y aún así hemos perdido 1.700 euros de renta per cápita.
Vemos, por lo tanto, que el aumento en la llegada de turistas, no se traduce en un mayor bienestar para una parte importante de la población canaria y que la estrategia de “contar turistas”, es decir, centrar nuestros esfuerzos en aumentar la llegada de visitantes, ha fracasado.
La demografía no opera al margen de la estructura socioeconómica. Sin las oportunidades económicas vinculadas al turismo (trabajo, inversión, etc.) sería muy difícil que se hubiera producido este aumento poblacional y las derivas sociales y económicas que esto provoca.
La sociedad canaria cada día es más consciente de que el crecimiento turístico infinito no es la única vía para aumentar sus ingresos y su bienestar en su sentido más amplio. Y los datos parecen señalar que existen razones para ello. Y es que la imposibilidad de poder acceder a una vivienda asequible en los principales núcleos urbanos del territorio, las molestias por la saturación de las infraestructuras y equipamientos públicos y el deterioro de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o el sistema sociosanitario son cuestiones que afectan a una mayoría social al margen de ideologías.
Como afecta igualmente el que Canarias sea la segunda comunidad autónoma de España con el peor salario medio al mes (solo tres cuartas partes del salario promedio español), lo que hace que muchas personas estén en situación de pobreza, aun trabajando. Como afectan asimismo las restricciones de agua y la inseguridad hídrica de muchos territorios, la contaminación de algunas zonas costeras por aguas fecales o la preocupación por el deterioro de espacios naturales y playas por un afán expansionista sin control que se está dando en algunas islas…
Ahora bien, dicho esto creo que para afrontar los problemas adecuadamente debemos tener en cuenta que la situación no es igual en todas las islas, existiendo, de hecho, importantes contrastes. El número de turistas por habitantes no es el mismo en todas las islas (Tenerife, la isla más parecida a la nuestra en kilómetros cuadrados y población tiene casi dos millones más de turistas que Gran Canaria), los problemas ambientales no son los mismos y los impactos en las infraestructuras, equipamientos o servicios, tampoco.
Sin embargo, en Gran Canaria el gasto de quienes nos visitan ha crecido 2.200 millones de euros, lo que supone un 67% más. Se justifica no solo por el incremento de turistas sino porque pasamos de un gasto medio de 126 euros a 170 euros por noche.
Al contrario de lo que ocurre en otras islas, Gran Canaria lleva prácticamente 20 años sin un macroproyecto turístico (el último gran hotel se inauguró en esta isla en 2015) y ha perdido más de veinte mil camas turísticas en los últimos años. Y sin embargo, los grandes proyectos que tenemos en marcha o planificados están vinculados a la transición energética y ecológica y algunos los han intentado meter en el mismo saco (Salto de Chira, la próxima convocatoria para la energía eólica offshore, la reforma de la red de puntos limpios, los platós cinematográficos, el nuevo edificio de Infecar, el transporte guiado, etc.) o con los servicios públicos (la red de centros sociosanitarios, el Museo de Bellas Artes ,etc.).
También se está haciendo mucho hincapié en la cuestión del agua, tanto de vertidos de aguas residuales como de restricciones, cuestiones ambas que no tienen incidencia significativa en Gran Canaria. Estamos aumentando la reutilización de agua y no vertemos aguas residuales al mar. De hecho hace un par de semanas inauguramos la nueva estación depuradora de Guía y Gáldar, una de las principales reivindicaciones del norte en lo que a tratamiento de aguas se refiere. 107 actuaciones con un presupuesto de más de 150 millones de euros, están garantizando la seguridad hídrica de la isla.
Pero no podemos demonizar al turismo. Nunca nos tendrán en ese lado. El sector turístico no es responsable de todas las situaciones descritas, al menos en Gran Canaria. Esto no es óbice para que haya muchos aspectos de nuestro modelo de desarrollo, con la actividad turística en el centro, que necesitan ser revisados. Si hoy somos más pobres que hace dos décadas, a pesar de haber doblado el número de turistas, y el incremento poblacional está situando al límite nuestra capacidad para proveer servicios esenciales (agua, carreteras, sanidad, centros sociosanitarios, transporte público, etc.) a la población, tenemos que fijar límites al crecimiento. No se puede crecer indefinidamente.
Tenemos que trabajar para mejorar la calidad del destino, profundizando en su digitalización, haciéndolo más sostenible y generando servicios de alto valor añadido vinculados a la cultura, la gastronomía, el sector primario y el medio ambiente que puedan ser cubiertos por actores locales. Que los turistas que elijan nuestras islas para descansar estén más tiempo entre nosotros, generen más gasto en su estancia y contribuyan a afianzar sectores como la agricultura y la ganadería, el comercio local o la protección del paisaje, el territorio y la biodiversidad. Que la dependencia de la touroperación sea cada vez menor, generando nuestras propias estructuras.
La búsqueda de soluciones al problema de la vivienda es vital. No se ha hecho vivienda pública alguna en los últimos 20 años. La carencia es enorme: hay que construir vivienda pública. Creo que el último decreto no es la solución, aunque haya sido aplaudido por los empresarios. Un tercio de las vivienda en Canarias está en manos de extranjeros con poder adquisitivo: hay que limitar esta práctica. Hay más de 211.000 viviendas vacías: hay que ponerlas en activo. La vivienda vacacional ha distorsionado el mercado de una manera brutal: hay que regularla por seguridad y garantía de calidad para el sector turístico. Hoy supone un 36% de las camas turísticas totales y se han duplicado desde 2017. No se puede convertir en una actividad excluyente. El uso de la vivienda por los grandes tenedores para la actividad turística es perverso.
Es necesario adecuar los equipamientos y las infraestructuras viarias, socio-sanitarias, sanitarias, educativas, hídricas o de tratamientos de los residuos y depuración de aguas, al crecimiento poblacional. Requiere de una mayor inversión pública para adaptar estos servicios esenciales a la realidad poblacional. La administración debe dotarse de los medios humanos adecuados, ademas de atajar la burocratización excesiva que padecemos para dar viabilidad a las propuestas de una manera muy ágil.
Es imprescindible implementar políticas que regulen el crecimiento poblacional ligado al sistema económico. La planificación urbana debe priorizar la conservación de espacios naturales y limitar la expansión urbana descontrolada. Y todas las islas y los municipios deben poner al día sus planeamientos municipales o insulares. Gran Canaria ya lo tiene, pero hay enormes retrasos e inseguridades en muchos territorios insulares y municipales.
Defiendo igualmente una ecotasa finalista que ayude a corregir y paliar estos efectos. Además, la experiencia de su aplicación en otros puntos de nuestro contexto europeo -o en lugares del Estado español como Baleares- indica que no supone ningún impacto en el volumen de negocio. El aumento del IGIC no da respuesta a estas necesidades. Y me da que el Cabildo de Gran Canaria se está quedando solo en esta exigencia. También planteamos que hay cobrar una tasa o impedir, controlar o limitar el acceso, según cada realidad, a los espacios naturales.
Defiendo un turismo que contribuya en mayor medida a romper desigualdades mejorando las condiciones de su trabajadores y trabajadoras, subiendo los salarios, dignificando la prestación de servicios profesionales al sector con la cualificación y formación necesaria y produciendo mayores beneficios colectivos. Y repito que esta situación se da en todos los sectores económicos, pero creo que en el turístico se dan las condiciones idóneas para actuar.
La dignificación, la cualificación, la mejora de las condiciones de trabajo y el aumento de los salarios harían posible una mayor integración de los hombres y mujeres de nuestra tierra en la industria turística y haría menos necesaria la incorporación de personal foráneo.
El sector turísticotambién debe integrarse de una manera efectiva en la sociedad adquiriendo un mayor compromiso de responsabilidad empresarial social y económica participando activamente en el desarrollo de políticas de bienestar social, culturales, deportivas, medioambientales, etc. Y no lo hace. En muchas ocasiones parece demostrar que vive en una burbuja al margen de la realidad social con la que convive. Las grandes empresas huyen de un compromiso social con la cultura, el deporte o las políticas sociales.
En conclusión, el crecimiento poblacional, ligado a un modelo de crecimiento turístico infinito plantea desafíos significativos para la sostenibilidad ambiental, social y económica del archipiélago. La huella ecológica y de carbono ha alcanzado niveles preocupantes y es imperativo tomar medidas para revertir esta tendencia.
La adopción de políticas que regulen el crecimiento y ofrezcan oportunidades reales para la ciudadanía de las islas en torno a un nuevo modelo económico son perentorias. Si todo el mundo consumiera recursos como se hace en las islas se necesitarían 3,84 planetas para cubrir esa demanda.
Urge tomar medidas en Canarias de carácter general sin perder de vista cada una de las realidades insulares. Desde el reconocimiento de esta situación se han puesto en marcha distintas propuestas de comisiones de trabajo sin resultado alguno.
En 2005 Paulino Rivero forzó en el Congreso de los Diputados de España la creación de una comisión bilateral para analizar la preocupante evolución de la población en las islas que se diluyó como un azucarillo. En 2008, el Parlamento de Europa aprobó un informe, sin ningún resultado, en el que se insistía en que la Unión Europea debería prestar especial atención a las Regiones Ultraperiféricas en asuntos como la inmigración y el crecimiento demográfico. En 2022 el Gobierno central impulsó un grupo de trabajo para abordar de manera específica el reto demográfico en Canarias y aún no se ha reunido ni una sola vez, ni parece que vaya a hacerlo casi dos años después. En septiembre de 2022 se creó igualmente una comisión en el Parlamento de Canarias para analizar el reto demográfico y el equilibrio poblacional. Se empezó a reunir en noviembre de ese mismo año, durante unos meses hasta el final de la legislatura anterior, y se ha vuelto a renovar en esta, con la oposición de Vox. Su dictamen y propuestas deben ser prioritarias. Y deben estar coordinadas con las propuestas que emanen de las comisiones de trabajo creadas en el marco de la Conferencia de Presidentes.
La Conferencia no puede seguir los mismos pasos. No se puede dilatar más la búsqueda de alternativas a una situación que puede producir un colapso en las islas por la sobrecarga demográfica, tal y como nos advierten muchos expertos.
Desde el Cabildo de Gran Canaria llevamos ocho años haciendo nuestra humilde pero decidida contribución a la búsqueda de alternativas a esta situación con múltiples propuestas que pasan por la generación de empleo, la lucha contra la pobreza, la creación de oportunidades para la juventud o el fomento de la diversificación económica (con apoyo al sector primario, las energías renovables, la I+D+i, las nuevas tecnologías para la desalación de agua y la depuración de aguas para afianzar la seguridad hídrica, las economías circular y azul, el sector audiovisual, la industria, el comercio, las políticas de cuidados, la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático, la isla inteligente, etc.). Se llama diversificación y, a pesar de las limitaciones del hecho insular, se puede hacer.
Es evidente que el modelo de desarrollo que se ha implementado en las últimas cinco o seis décadas está claramente agotado. Debemos tener determinación e imaginación política para promover medidas y generar el consenso necesario que posibilite el cambio de rumbo. Porque lo cierto es que tenemos potencialidades para ser un referente de sostenibilidad y bienestar.