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La actual propuesta pondría en entredicho la excepcionalidad y adicionalidad de los fondos del Régimen Económico y Fiscal canario y sentaría un precedente peligroso para los intereses de las islas
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La cifra asignada a Canarias supone un perjuicio de 1.710 millones de euros pese a ser una de las comunidades más cumplidoras con el déficit
La consejera de Hacienda y Relaciones con la UE, Matilde Asián, ha comparecido tras el Consejo de Gobierno de hoy para aclarar los principales puntos de discrepancias con la propuesta de mutualización de deuda por parte del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas.
El equipo de la consejería trabaja ya en las alegaciones para oponerse no solo al importe inicial de 3.259 millones de deuda a absorber por el Estado en el caso de Canarias, sino, sobre todo, a la metodología utilizada para ese cómputo al considerarla arbitraria y discriminatoria. Tal y como ha insistido la consejera, uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta del Ministerio es que pondría en entredicho la excepcionalidad y adicionalidad de los fondos del Régimen Económico y Fiscal canario, y sentaría un precedente peligroso para los intereses de las islas.
En este sentido, el Ministerio incrementa la asignación de deuda de las comunidades infrafinanciadas, pero no lo hace con Canarias al no considerar al archipiélago como tal. Esto supone una penalización de 1.710 millones de euros porque se computan los recursos del REF en el cálculo. “Y eso es lo realmente peligroso y perjudicial”, aseguró la consejera que no entiende cómo se vuelve a reabrir un debate, el de la excepcionalidad de los recursos del REF reconocido en el Estatuto de Autonomía, que estaba ya superado.
La consejera también ha incidido en la arbitrariedad de las limitaciones que se introducen y que solo afectan a Canarias, a pesar de ser una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y endeudamiento. De hecho, la propuesta del Ministerio premia a los más endeudados con una compensación, lo que es discriminatorio y parece diseñado para beneficiar al menos riguroso con la gestión de las cuentas públicas.
Además, el acuerdo no elimina la obligación que tienen las comunidades autónomas, de dedicar los superávits a reducir deuda, tal y como establece el artículo 32 de la LOEPSF. Por lo tanto, los 500 millones aproximadamente en los que se cifra el superávit de Canarias, no se podrán destinar a garantizar las necesidades de los canarios ni a rebajar impuestos.