La voz de Yaiza León, estudiante afectada, refleja con crudeza una realidad que debería avergonzar a cualquier administración: jóvenes que pasan noches enteras a la intemperie, bajo lluvia o frío, esperando una vacante en Formación Profesional sanitaria en el IES Primero de Mayo. Lo hacen porque el sistema ha decidido que la manera “más justa” de asignar plazas es premiar al primero que llegue a la cola, como si estuviéramos en los años 60 y no en plena era digital.
Yaiza, que incluso tiene un diploma de honor y ha cursado ya otro ciclo superior, denuncia que el mérito académico no cuenta. Lo único que vale es resistir acampado días enteros, mientras la Consejería se excusa en que “el año que viene se intentará ampliar plazas”. ¿Y este año? ¿Qué pasa con los estudiantes que pierden un curso entero por culpa de la desorganización?
El testimonio es demoledor: alumnos con expedientes brillantes que se quedan fuera, jóvenes con la salud resentida tras pasar días en la calle, familias improvisando neveras, sillas de playa y sombrillas para apoyar a sus hijos en una lucha absurda. Todo ello en un contexto donde se insiste en que “los jóvenes no quieren estudiar ni trabajar”, cuando la realidad es que hay cientos de chicos y chicas desesperados por formarse y sin una respuesta digna de las instituciones.
La propia estudiante lanza una pregunta que deja en evidencia a los responsables: “¿Qué sentiría el viceconsejero si su hijo tuviera que hacer cola una semana para conseguir una plaza?” Esa es la clave. Cuando las normas se hacen sin empatía, el resultado es este: un sistema educativo injusto, improvisado y ciego ante las necesidades reales de la sociedad canaria.
Lo sucedido en el IES Primero de Mayo no es un error aislado: es el síntoma de una Consejería de Educación incapaz de prever la altísima demanda en el ámbito sanitario, precisamente el sector que más profesionales necesita el archipiélago. Mientras tanto, los afectados pierden un año de sus vidas, condenados a la incertidumbre y a la frustración.
En pleno 2025, con herramientas digitales para gestionar listas, prioridades y méritos académicos, Canarias mantiene un sistema de colas medieval que vulnera el derecho a la educación. Una situación “surrealista”, como la definen los propios afectados, pero que en realidad es mucho más: es una vergüenza colectiva que exige explicaciones y soluciones inmediatas.
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