En declaraciones a Radio Faro, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, explica que la última semana ha sido “dura” tras retirar competencias a tres concejales de Nueva Canarias después del pleno del 29 de enero. Defiende que actuó “desde el cargo” y no desde lo personal, y sostiene que el cambio en el sentido del voto en una moción presentada por el Partido Popular respondió a una presión para obtener concesiones, algo que califica como “chantaje”, asegurando que esa fue su “línea roja”.
García afirma que la moción pretendía “reventar” el Gobierno municipal y que, tras lo ocurrido, su prioridad fue reconducir y estabilizar la gestión. Detalla que habló con sus socios, Partido Socialista Obrero Español y Unidos por Gran Canaria, para redistribuir áreas teniendo en cuenta perfiles y carga de trabajo, evitando “empezar de cero” en la recta final del mandato. Señala que el grupo de gobierno queda en minoría (12 concejales), por lo que habrá que buscar apoyos puntuales en asuntos que requieran mayoría, apelando al consenso y al “interés general”.
Sobre la polémica del acceso a despachos y el cambio de bombines, niega que se impidiera recoger pertenencias y asegura que las llaves estuvieron disponibles desde el día siguiente. Subraya que el Ayuntamiento no se ha paralizado: los servicios han seguido funcionando y los expedientes se han firmado para mantener el ritmo administrativo. En relación con el presupuesto 2026, indica que se está trabajando especialmente el capítulo de personal y que se abrirá negociación con sindicatos; mientras, recuerda que existe la prórroga del presupuesto anterior. Concluye que no se arrepiente de la decisión y que su voluntad es mantener el pacto actual hasta 2027, aunque admite que pueden intervenir factores externos.
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