Santiago Rodríguez, presidente de La Fortaleza, y Ana Mayor, portavoz del grupo en Santa Lucía de Tirajana, analizaron en Radio Faro el momento político que atraviesa el municipio y dejaron claro que la situación institucional sigue sin resolverse. Ambos centraron buena parte de su intervención en el último pleno, marcado por la controversia en torno al informe del secretario municipal sobre la posible declaración como no adscritos de los concejales que abandonaron Nueva Canarias, así como por la decisión del alcalde de no dar cuenta de ese informe en la sesión plenaria. Para La Fortaleza, lejos de cerrarse el conflicto, lo que se ha hecho es aplazarlo.
Según explicaron, el origen de todo está en el escrito presentado por Nueva Canarias para que se aplicaran las consecuencias jurídicas derivadas de la salida de varios ediles del partido y se les declarara no adscritos. A raíz de esa petición, el secretario emitió un informe en el que, según indicó Santiago Rodríguez, sí se defendía esa declaración de no adscritos para los seis concejales que abandonaron la formación. Ese informe fue entregado personalmente por el secretario a los portavoces antes de las comisiones informativas previas al pleno, y en el borrador inicial del orden del día figuraba incluso la dación de cuenta de ese documento. Sin embargo, el alcalde comunicó después que había recibido una respuesta de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias y optó por no incluir finalmente ese punto en el orden del día, al entender que esa nueva documentación podía alterar el criterio del secretario.
Ana Mayor subrayó que la oposición no tuvo acceso a esa documentación antes del pleno y que la recibió únicamente al finalizar la sesión. Además, relató que en la junta de portavoces ya preguntó si la dación de cuenta del informe era obligatoria y que el propio secretario se remitió a su texto, donde se establecía expresamente que debía darse cuenta en la siguiente sesión plenaria, fechada para el 26 de marzo de 2026. Desde su punto de vista, por tanto, el hecho de que no se tratara en el pleno fue una decisión política del alcalde. La portavoz añadió que La Fortaleza intentó introducir una proposición por urgencia para que se debatiera el asunto, pero esta fue rechazada, lo que impidió que se produjera el debate plenario sobre una cuestión que consideran central para la gobernabilidad del municipio.
Uno de los momentos más llamativos, según destacaron ambos, fue la reacción del secretario municipal durante el pleno. Tanto Santiago Rodríguez como Ana Mayor coincidieron en que el secretario se mostró claramente molesto con la forma en que el alcalde planteó el asunto y recuerdan que llegó a dejar claro que nadie tenía que indicarle qué debía hacer con su informe. Para La Fortaleza, más allá del fondo jurídico, el episodio evidenció una tensión institucional poco habitual y dejó a la vista el malestar del máximo responsable jurídico del Ayuntamiento.
Sobre lo que puede ocurrir ahora, Santiago Rodríguez planteó tres posibles escenarios: que el secretario mantenga íntegramente su informe y no cambie “ni una sola coma”; que, a la luz de la documentación aportada a última hora, lo modifique; o que el asunto acabe judicializándose, algo que, de producirse, podría alargar la inestabilidad durante buena parte de lo que queda de mandato. En cualquier caso, insistió en que la situación sigue abierta y que habrá que ver si el nuevo pronunciamiento del secretario llega en un pleno extraordinario o en el pleno ordinario de abril.
Preguntados por la posibilidad de una moción de censura, ambos reconocieron que el tema se ha hablado y que ha habido reuniones antes y después del pleno, y que seguirán produciéndose contactos, pero Santiago Rodríguez fue claro al afirmar que a día de hoy no se dan las condiciones para que prospere una moción de censura porque no existe todavía un acuerdo maduro entre las fuerzas que tendrían que sostenerla. También matizó que, aunque la situación de los no adscritos pueda alterar el equilibrio político, eso no implica automáticamente un cambio en la alcaldía y recordó que el actual gobierno ya opera en minoría.
La entrevista también abordó otros asuntos debatidos en el último pleno. Tanto Santiago Rodríguez como Ana Mayor valoraron positivamente la aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciudadana, después de que se incorporara una petición de La Fortaleza para que la oposición tenga en los distintos órganos de participación la misma representación proporcional que tiene en las comisiones informativas. Ambos defendieron que se trata de un documento muy importante porque regula de forma más clara cómo pueden participar no solo los concejales, sino también la ciudadanía, colectivos y entidades del municipio en la vida política, social y administrativa de Santa Lucía. Eso sí, advirtieron de que ahora habrá que adaptar también el reglamento orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento para que no entren en contradicción ambos textos y para que la participación ciudadana en los plenos quede plenamente encajada en el marco normativo municipal.
Otro de los puntos que apoyó La Fortaleza fue la moción para instar a la Dirección General de Tráfico a que Santa Lucía de Tirajana pueda convertirse en punto de examen para el carnet de conducir en la comarca del sureste. Ambos defendieron que sería una medida beneficiosa para más de 150.000 personas de la zona, al evitar desplazamientos a Las Palmas de Gran Canaria, reducir tiempos de espera y descongestionar la capital. No obstante, también pidieron que se haga con orden y planificación, ya que el recinto ferial propuesto para estas pruebas también se utiliza para otros eventos masivos, por lo que será necesario definir con claridad quién asume la señalética, el mantenimiento y la organización del espacio si la DGT termina aceptando la propuesta.
Además, La Fortaleza volvió a mostrar su preocupación por el retraso del presupuesto municipal de 2026, asegurando que a día de hoy no tienen ninguna noticia concreta y recordando que ya existía un compromiso previo para facilitar la documentación con tiempo suficiente. Santiago Rodríguez advirtió que no aceptarán que se les entregue una gran cantidad de papeles a última hora, sin margen real para estudiar y aportar sobre unas cuentas que el grupo de gobierno lleva meses preparando.
En el tramo final, Santiago Rodríguez también dejó una reflexión de fondo sobre las lagunas de la legislación electoral y la falta de una regulación más clara sobre situaciones como la de los concejales que abandonan una formación política con la que concurrieron a las elecciones. Consideró que el ordenamiento jurídico debería resolver mejor este tipo de conflictos para evitar crisis institucionales prolongadas como la que vive ahora Santa Lucía de Tirajana.
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