La noticia de que Juan Manuel Gabella, actual director insular de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, se presenta a una oposición para convertirse en funcionario de carrera de la propia institución insular ha levantado, como era de esperar, más de una ceja.
Y no porque no pueda hacerlo. Poder, puede. La ley se lo permite y, como cualquier ciudadano que cumpla los requisitos, tiene derecho a presentarse a una plaza pública. Eso no se discute.
Pero una cosa es tener derecho a opositar y otra muy distinta es que la situación no genere dudas razonables entre quienes llevan meses o años preparándose desde fuera, sin cargos, sin despacho, sin formar parte de la estructura de la administración que convoca esas plazas.
Gabella aspira a una de las nueve plazas de Técnico de Administración General del Cabildo, una categoría superior dentro de la función pública. Ha superado el primer ejercicio y continúa en el proceso. Hasta ahí, nada ilegal. Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado como si estuviéramos hablando de un opositor más.
No lo es.
Juan Manuel Gabella es actualmente alto cargo del Cabildo. Ocupa una dirección insular, un puesto de confianza política, y además es concejal de Nueva Canarias en Mogán. Su trayectoria, además, ha estado prácticamente siempre vinculada a la administración pública. No se le conoce una etapa relevante trabajando para el sector privado. Su recorrido ha estado marcado por cargos de asesoramiento, coordinación y gestión en instituciones públicas, primero en entornos vinculados al Partido Popular y después en Nueva Canarias.
Desde hace años se mueve dentro de ayuntamientos, mancomunidades, gabinetes, áreas administrativas y cargos de confianza. Mogán, San Bartolomé de Tirajana, el sur de Gran Canaria y ahora el Cabildo forman parte de una trayectoria política y administrativa que no es nueva ni desconocida.
Y precisamente por eso este caso necesita luz, taquígrafos y muchas garantías.
Porque las oposiciones no solo tienen que ser limpias. También tienen que parecerlo. La confianza en un proceso selectivo se rompe muy rápido cuando la ciudadanía percibe que alguien que ya está dentro de la casa puede terminar accediendo a una plaza fija en esa misma casa.
No estamos diciendo que haya irregularidad. No estamos acusando a nadie. Pero sí estamos diciendo que la administración debe ser especialmente cuidadosa cuando un cargo de confianza participa en una oposición convocada por la institución en la que trabaja.
Porque mientras unos opositores estudian desde sus casas, pagando academias, quitándole horas al sueño, al trabajo o a la familia, otros ya conocen desde dentro el funcionamiento de la administración, sus dinámicas, sus áreas y su lenguaje. Y aunque eso no sea ilegal, es normal que genere desconfianza.
El Cabildo debe garantizar que todos concurren en igualdad real de condiciones. Sin ventajas, sin atajos, sin trato preferente y sin la más mínima sombra de duda. Cada ejercicio, cada corrección, cada puntuación y cada decisión del tribunal debe estar perfectamente justificada.
La función pública no puede convertirse en la salida natural de quienes han pasado media vida en cargos de confianza. No puede dar la impresión de que la política abre puertas que para otros se mantienen mucho más estrechas. No puede parecer que quien ha vivido siempre cerca del poder administrativo acaba encontrando en ese mismo poder una plaza fija.
Gabella tiene derecho a presentarse. Eso está claro.
Pero los demás aspirantes también tienen derecho a sentirse protegidos por un proceso absolutamente transparente. Tienen derecho a competir sin sospechas. Tienen derecho a saber que nadie parte con ventaja por estar más cerca del edificio, del organigrama o del poder político.
Y la ciudadanía tiene derecho a exigir ejemplaridad.
Porque una oposición pública no es solo un examen. Es una promesa de igualdad. Es la idea de que cualquiera, venga de donde venga, puede lograr una plaza si demuestra mérito y capacidad.
Por eso, si Juan Manuel Gabella consigue finalmente esa plaza, tendrá que ser porque fue el mejor en un proceso impecable, no porque su nombre ya sonaba dentro de la institución.
Legalidad, sí.
Pero también transparencia.
Derecho a opositar, por supuesto.
Pero con las mismas oportunidades que los demás. Y con todas las garantías para que nadie pueda pensar lo contrario.