Quien quiera convertir esta crisis en una bandera política tendrá que hacer algo más difícil que ganar una votación. Tendrá que explicar qué va a hacer y tendrá que demostrarlo allí donde ya gobierna.
Ganar una votación es relativamente fácil. Ganar el relato es mucho más complicado. Y demostrar que se tiene una solución para la vivienda, todavía más.
PP, Vox y Junts han rechazado en el Congreso los decretos de vivienda del Gobierno y han ganado una batalla parlamentaria, pero sería un error confundir esa victoria con la solución al problema que estaba sobre la mesa. Porque la vivienda seguirá ahí mañana y pasado mañana.
Los alquileres seguirán siendo elevados, la oferta asequible continuará siendo insuficiente y miles de jóvenes seguirán teniendo dificultades para emanciparse. Ninguna votación puede cambiar por sí sola esa realidad. Ahí está la paradoja.
La encuesta de 40dB publicada recientemente ofrece una fotografía que debería hacer reflexionar a todos los partidos. El 67,5% de los españoles está a favor de limitar los precios del alquiler. No es, además, una posición exclusiva de la izquierda ya que también la respalda el 56,5% de los votantes del PP y el 55,2% de los de Vox. A ello se suma que el 82,4% reclama un incremento de la vivienda social.
Una encuesta no es una urna y no permite anticipar comportamientos electorales. Pero sí muestra que la vivienda preocupa y que existe una demanda social amplia para que las administraciones actúen con urgencia. Por eso, la pregunta no puede ser únicamente quién ha ganado la votación. La cuestión es ¿qué solución propone cada uno? Porque votar en contra de una medida puede ser perfectamente legítimo. Lo que resulta mucho más difícil de explicar es qué se hará después.
Y aquí conviene mirar más allá de La Moncloa, porque la vivienda no depende exclusivamente del Gobierno central. Las comunidades autónomas tienen competencias fundamentales y los ayuntamientos desempeñan un papel decisivo en cuestiones como el urbanismo, el planeamiento y buena parte de la gestión del suelo.
El PP gobierna actualmente en 11 de las 17 comunidades autónomas, en algunos casos junto a Vox. Ambas formaciones tienen además responsabilidades de gobierno en numerosos municipios. Eso significa que una parte importante de la capacidad institucional para actuar sobre la vivienda también está en manos de administraciones gobernadas por estas formaciones. Por tanto, ¿qué van a hacer allí donde gobiernan?
No basta con explicar con qué no están de acuerdo con el Gobierno. También hay que explicar qué medidas se aplican en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos que gobiernan, con qué recursos y en qué plazos. Porque gobernar también significa responder.
La crisis de la vivienda no tiene un único responsable ni una solución sencilla. Requiere suelo, planificación, construcción, financiación, vivienda pública, regulación y coordinación entre administraciones. Ningún gobierno puede resolverla por sí solo.
Y ahí empieza la verdadera batalla política. El Gobierno puede presentar la derrota parlamentaria como una consecuencia del bloqueo de la oposición a sus medidas para afrontar la emergencia habitacional. PP, Vox y Junts pueden defender que han impedido aprobar políticas que consideran equivocadas. Son argumentos políticos legítimos. Pero ninguno resuelve por sí mismo el problema de fondo.
La realidad tiene la mala costumbre de imponerse a los discursos. Y esa realidad coloca también a Pedro Sánchez ante una decisión política de enorme trascendencia. Sánchez puede convertir la derrota parlamentaria en un argumento para convocar elecciones y presentar el adelanto electoral como una oportunidad para que los ciudadanos decidan sobre el rumbo de la política nacional.
Pero ¿unas nuevas elecciones resuelven el problema de la vivienda? No. Como tampoco lo resuelve mantener la legislatura hasta julio de 2027 si el Gobierno no consigue aprobar presupuestos, sacar adelante leyes o construir acuerdos parlamentarios suficientes para desarrollar sus políticas.
Ese es el dilema. Si Pedro Sánchez convoca elecciones, tendrá que afrontar además la situación de fragmentación que continúa existiendo a su izquierda y las dificultades para articular una alternativa electoral común en ese espacio.
Si decide mantener la legislatura, tendrá que demostrar que conserva capacidad para construir mayorías parlamentarias suficientes para gobernar. Cada decreto exigirá negociación, cada ley puede convertirse en una batalla y cada derrota parlamentaria alimentará el argumento de quienes sostienen que la legislatura está agotada.
Pero quizá ahí esté precisamente la cuestión. La política no debería medirse únicamente por quién consigue imponerse en una votación. También debería medirse por lo que ocurre después. Porque una familia no paga el alquiler con una mayoría parlamentaria. Un joven no se emancipa con un discurso y una vivienda pública tampoco se construye porque un decreto salga adelante o sea rechazado.
La verdadera política empieza cuando termina la votación. Por eso, la victoria parlamentaria de PP, Vox y Junts puede ser importante desde el punto de vista político, pero no constituye el final de la historia. Porque la vivienda no entiende de mayorías parlamentarias, estrategias electorales ni discursos partidistas. Entiende de precios, salarios y hogares que no llegan a fin de mes.
Quien quiera convertir esta crisis en una bandera política tendrá que hacer algo más difícil que ganar una votación. Tendrá que explicar qué va a hacer y tendrá que demostrarlo allí donde ya gobierna. Porque en materia de vivienda, tarde o temprano, los discursos terminan encontrándose con la realidad.
Christopher Rodríguez.