La formación recuerda que el acceso a la propiedad de la vivienda protegida se rige por el Decreto 1/2023. También pide a la alcaldesa, miembro del Consejo de Administración de VISOCAN, que aclare cuántas de las 141 viviendas pertenecen a esta sociedad.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de octubre de 2026.– Municipalistas Primero Canarias Mogán no entiende como el Ayuntamiento de Mogán haya anunciado una oficina de asesoramiento para el acceso a la propiedad de 141 viviendas protegidas sin contactar antes con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). El ICAVI es el organismo competente en la materia, y el Ayuntamiento tampoco le ha planteado ninguna colaboración.
La alcaldesa anunció esa semana que la oficina abrirá el próximo 19 de octubre. Según explicó, su objetivo es ordenar la situación de varias promociones para que sus residentes puedan escriturar.
La formación ha contactado con la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que afirman llevan tiempo analizando la situación de estas promociones, y que el Gobierno continuará con los procedimientos previstos en el Decreto 1/2023, de 19 de enero, por el que se establecen las medidas de acceso a la propiedad de viviendas protegidas.
El decreto mencionado exige a los adjudicatarios el cumplimiento de una serie de requisitos, por ejemplo:
- ocupar la vivienda de forma habitual y permanente;
- que ningún miembro de la unidad de convivencia sea titular de otra vivienda ni de derechos de uso sobre ella;
- estar al corriente de los gastos comunes;
- tener la vivienda asegurada, como mínimo, contra incendios y riesgos catastróficos;
- y haber abonado al menos el 35 % de las cuotas de alquiler facturadas o el 50 % del precio de venta.
En Canarias, la vivienda pública se promueve por dos vías: el ICAVI y VISOCAN, sociedad anónima unipersonal de la Comunidad Autónoma. Por eso Primero Canarias considera llamativo que la alcaldesa, miembro del Consejo de Administración de VISOCAN, no haya aclarado si alguna de esas viviendas es de la sociedad. Tampoco ha explicado qué procedimiento deben seguir los vecinos ni qué gestiones ha impulsado ella, en su condición, desde el propio Consejo.
“Quien conoce la entidad desde dentro es quien mejor puede dar esa información, y los vecinos tienen derecho a recibirla”.
La formación recuerda que el ICAVI mantiene reuniones con las plataformas vecinales de adjudicatarios de vivienda pública.
En ellas, los vecinos conocen la evolución de los procedimientos y la Administración recoge sus problemas y propuestas. «Ese es el camino: hablar con quién tiene la competencia y trasladar a los vecinos información contrastada», añade.
Primero Canarias considera que se está aprovechando la incertidumbre sobre la vivienda pública para obtener rédito político. Esa actitud, advierte, genera alarma e inquietud entre los adjudicatarios. La formación cree que esa inquietud se habría evitado si el Ayuntamiento hubiera informado con claridad y en coordinación con el ICAVI.