La portavoz del colectivo de pensionistas de Gran Canaria considera insuficientes los 400 euros anuales habilitados por el Gobierno autonómico y reclama pensiones mínimas de 1.500 euros, una revalorización que refleje el coste real de la vida y una auditoría de la Seguridad Social. En Radio Faro también criticó la falta de unidad del movimiento pensionista, aclaró que su organización no convoca la concentración del 24 de octubre en Gran Canaria y defendió las movilizaciones por la vivienda y los derechos laborales.
La portavoz del colectivo de pensionistas de Gran Canaria, Isabel Talavera, participó en El Batiburrillo, de Radio Faro , para analizar la situación del sistema público de pensiones, las dificultades económicas que atraviesan numerosos mayores y las movilizaciones convocadas en defensa de unas jubilaciones dignas.
Durante la entrevista, Talavera expresó su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo, los retrasos en las ayudas destinadas a las pensiones no contributivas, el encarecimiento de la vivienda y los salarios insuficientes de los trabajadores.
También abordó las diferencias existentes entre las organizaciones de pensionistas, sus reivindicaciones ante el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo estatal, así como la necesidad de implicar a las generaciones más jóvenes en la defensa de las pensiones públicas.
Tres años reclamando el complemento de las pensiones no contributivas
Una de las principales denuncias de Isabel Talavera estuvo relacionada con el complemento autonómico que su colectivo reclama para las personas que perciben pensiones no contributivas.
La portavoz aseguró que llevan tres años intentando conseguir el abono de una compensación mensual que, según su interpretación, debería hacerse efectiva conforme a la normativa correspondiente.
Atribuó la falta de pago a las dificultades para coordinar las disposiciones estatales de la Seguridad Social con las normas autonómicas.
Talavera calculó que el complemento reclamado podría situarse alrededor de los 125 euros mensuales, aunque señaló que incluso 100 euros representarían una ayuda importante para las personas con pensiones más reducidas.
Recordó que hay mayores cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos básicos.
A una persona que cobra 600 euros, 100 euros le vienen muy bien, señaló.
La portavoz insistió en que estas cantidades pueden marcar una diferencia importante a la hora de comprar alimentos, pagar recibos o afrontar otras necesidades cotidianas.
Entregaron 5.700 firmas y consideran insuficientes los 400 euros anuales
Talavera explicó que las organizaciones de pensionistas de Gran Canaria y Tenerife impulsaron una recogida de firmas para exigir respuestas al Gobierno autonómico.
Según indicó, presentaron 5.700 firmas como parte de una campaña para reclamar el complemento mensual de las pensiones no contributivas.
Aseguró que la presión ciudadana contribuyó a conseguir una ayuda de aproximadamente 400 euros anuales, distribuida, según su relato, en dos pagos de 200 euros.
Sin embargo, considera que esa cantidad resulta insuficiente.
La calificó como “una migaja” frente a lo que entiende que deberían recibir las personas afectadas.
También cuestionó que el Ejecutivo presente esa aportación como un esfuerzo económico extraordinario cuando, a su juicio, sigue pendiente una solución estable.
Talavera afirmó que alrededor del 60 % de las personas que reciben estas pensiones son mujeres y recordó que muchas de ellas continúan afrontando responsabilidades familiares.
“Si quisiera comer fruta, carne y pescado fresco, no llegaría al día 10”
Uno de los momentos más humanos de la entrevista llegó cuando Isabel Talavera explicó cómo afecta el encarecimiento de los alimentos a la economía de los pensionistas.
La portavoz afirmó que las revalorizaciones de las pensiones no compensan suficientemente las subidas que experimentan los productos de primera necesidad.
Cuestionó especialmente que los incrementos se calculen mediante indicadores generales que, según su percepción, no reflejan adecuadamente lo que pagan las familias en los supermercados.
Como ejemplo mencionó las variaciones del precio de los huevos y otros productos básicos.
“Si yo quisiera comer fruta fresca, comida fresca, carne fresca, pescado fresco, yo no llegaría al día 10”, afirmó.
Talavera defendió que tener acceso a una alimentación saludable no debería convertirse en un privilegio para quienes han trabajado durante décadas.
También relacionó esta situación con las dificultades económicas que atraviesan personas que, aun contando con un salario, no llegan a final de mes.
Pensiones mínimas de 1.500 euros y control del coste de la vida
La representante de los pensionistas defendió la necesidad de establecer prestaciones que permitan afrontar los gastos esenciales.
Explicó que su colectivo reclama pensiones mínimas de 1.500 euros, una cantidad que considera más ajustada a las necesidades actuales.
Señaló que otras reivindicaciones plantean importes de 1.300 euros, pero sostuvo que esa cifra tampoco garantiza suficientemente una vida digna.
Talavera reclamó además mecanismos para controlar la evolución de los precios, especialmente en bienes y servicios imprescindibles.
Aseguró que no basta con incrementar periódicamente las pensiones si la cesta de la compra, la vivienda y otros gastos básicos continúan encareciéndose.
La vivienda se lleva buena parte de los salarios
Durante la conversación, Talavera relacionó la situación de los pensionistas con los problemas que atraviesan los trabajadores y las generaciones más jóvenes.
Explicó que muchas familias necesitan destinar prácticamente uno de sus salarios al pago del alquiler.
Según los ejemplos que aportó, en algunos barrios resulta difícil encontrar alquileres por debajo de 700 u 800 euros, mientras que en determinadas zonas de la capital los precios pueden superar los 1.000 euros mensuales.
La portavoz relató que su propia familia conoce esas dificultades.
También habló de las parejas en las que ambos miembros trabajan y, pese a ello, no consiguen reunir recursos suficientes para formar una familia o acceder a una vivienda.
Talavera consideró que esta situación refleja un problema más amplio de salarios insuficientes y desigualdad económica.
Críticas a la especulación inmobiliaria y a los desahucios
La entrevista también abordó el papel de las entidades financieras y los grandes propietarios en el mercado residencial.
Talavera expresó su rechazo a las operaciones que, según denunció, han permitido que viviendas anteriormente protegidas terminen en manos de grandes operadores inmobiliarios.
Se refirió al caso de una mujer identificada como Mari Carmen, cuya situación habitacional ha protagonizado parte del debate público, y mencionó también el conflicto de una vecina de Guanarteme con las construcciones próximas a su vivienda.
A su juicio, estos casos muestran la necesidad de reforzar la protección de los residentes frente a situaciones de vulnerabilidad.
La portavoz reclamó medidas contra la especulación, mayor control de los precios y garantías frente a los desahucios.
Se desmarca de la convocatoria del 24 de octubre en Gran Canaria
Uno de los asuntos más relevantes de la entrevista fue la aclaración realizada por Talavera sobre las movilizaciones del sábado 24 de octubre.
Explicó que la convocatoria estatal está impulsada por COESPE y otras organizaciones integradas en Unidad de Acción.
Sin embargo, señaló que en Canarias existen distintas estructuras y formas de coordinación entre colectivos de pensionistas.
En Tenerife, según explicó, las organizaciones con las que mantienen una relación habitual han preparado una concentración con participación de colectivos sociales y conexión con las movilizaciones estatales.
En Gran Canaria, por el contrario, su organización decidió canalizar su actividad a través del Espacio de Confluencia y preparar una movilización propia para noviembre.
“Nosotros aquí, en Gran Canaria, no convocamos la concentración”, aclaró.
Talavera manifestó su malestar porque, según su relato, otras personas difundieron la convocatoria del sábado sin contar con determinadas organizaciones que trabajan habitualmente en defensa de las pensiones.
Afirmó que algunas entidades interpretaron equivocadamente que la movilización contaba con la participación de su colectivo.
Pelearnos por estas cosas es ridículo
Isabel Talavera lamentó las diferencias existentes dentro del movimiento pensionista.
Recordó que su organización lleva años realizando concentraciones periódicas y participando en distintas iniciativas sociales.
Aunque reconoció que mantiene discrepancias con determinadas decisiones de COESPE, explicó que continúa vinculada a la organización por respeto a la posición de sus compañeros.
También diferenció la coordinación existente en Tenerife de la situación de Gran Canaria, donde considera que la colaboración entre colectivos necesita reforzarse.
Talavera defendió que las organizaciones no deberían competir por representar las mismas reivindicaciones.
“Pelearnos por estas cosas es ridículo”, afirmó.
Señaló que su prioridad continúa siendo mejorar las condiciones de vida de los pensionistas y acompañar a otros colectivos que reclaman derechos sociales.
Los pensionistas mantienen sus concentraciones de los lunes
La portavoz recordó que el colectivo continúa participando en las movilizaciones conocidas como “Los lunes al sol”.
Explicó que estas concentraciones llevan años celebrándose y que constituyen una herramienta para mantener visibles sus reivindicaciones.
También anunció que el lunes siguiente tenían previsto acompañar a vecinos de Jinámar que iban a presentar documentación ante el Gobierno de Canarias.
Talavera insistió en que su organización no limita su actividad a los problemas de las pensiones, sino que también participa en iniciativas relacionadas con la vivienda, el empleo y otras necesidades sociales.
De cara a noviembre, explicó que trabajan en una movilización vinculada al Espacio de Confluencia y que desean hacerla coincidir con una fecha de recuerdo a trabajadores asesinados en La Isleta.
Reclaman respuestas a tres ministros por las pensiones mínimas
Talavera explicó que su colectivo había remitido escritos al Gobierno de España utilizando el derecho de petición.
Según señaló, el 27 de julio enviaron comunicaciones a distintos miembros del Ejecutivo, entre ellos el ministro Félix Bolaños y el ministro Carlos Cuerpo.
Los documentos reclamaban cambios legislativos para mejorar las pensiones mínimas y garantizar que se sitúen por encima de los umbrales de pobreza.
También exigieron una revalorización que, a su juicio, compense el coste real de la vida y la recuperación de una paga compensatoria vinculada a la pérdida de poder adquisitivo.
La portavoz aseguró que seguían esperando una respuesta a esas comunicaciones.
Rechaza los planes privados de pensiones
Isabel Talavera expresó una oposición contundente a la expansión de los planes privados de pensiones.
Cuestionó el interés de las entidades financieras y aseguradoras en gestionar recursos destinados a la jubilación.
Según su interpretación, el desarrollo de estos instrumentos responde también a oportunidades de negocio para el sector financiero.
Se refirió especialmente a los planes de pensiones de empleo y mencionó el convenio colectivo de la construcción como ejemplo de un sistema en el que participan trabajadores y empresas mediante aportaciones específicas.
Talavera criticó los incentivos fiscales asociados a estos productos y defendió que los recursos destinados a la protección de la jubilación deben fortalecer prioritariamente el sistema público.
También recordó episodios históricos de crisis financieras para expresar su preocupación por los riesgos de los productos privados.
Estas afirmaciones recogen la posición del colectivo que representa y su crítica al modelo de previsión privada.
Pide eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada
Otra de las reivindicaciones expuestas fue la eliminación de determinados coeficientes reductores aplicados a las jubilaciones anticipadas.
Talavera consideró injusto que personas con más de 40 años cotizados puedan sufrir reducciones permanentes en sus pensiones por jubilarse antes de la edad ordinaria.
Defendió que las carreras laborales prolongadas deberían recibir un tratamiento específico.
También expresó su preocupación por las dificultades que afrontarán los trabajadores más jóvenes para completar suficientes años de cotización.
Para la portavoz, la precariedad laboral de hoy puede traducirse en pensiones insuficientes en el futuro.
Exigen una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social
Uno de los principales planteamientos económicos de la entrevista estuvo relacionado con las cuentas del sistema público de pensiones.
Talavera reclamó la realización de una auditoría externa de la Seguridad Social que permita aclarar el destino de los recursos y los denominados gastos impropios.
Según explicó, el movimiento pensionista considera necesario determinar qué gastos se han financiado históricamente con fondos vinculados a la Seguridad Social y cuáles deberían haberse atendido mediante otros mecanismos presupuestarios.
Mencionó conceptos como determinados gastos administrativos y otras partidas que, a su juicio, no deberían imputarse directamente al sistema de pensiones.
También cuestionó decisiones financieras adoptadas durante anteriores crisis económicas y reclamó que se esclarezcan las cantidades que corresponda recuperar.
“Que devuelvan lo que nos han quitado”, resumió.
La portavoz defendió que una auditoría permitiría ofrecer mayor transparencia sobre la situación económica del sistema y responder a los argumentos que cuestionan su sostenibilidad.
Defiende la viabilidad futura de las pensiones públicas
Talavera rechazó los discursos que presentan el sistema público de pensiones como inevitablemente insostenible.
Aseguró que el movimiento pensionista cuenta con profesionales de diferentes disciplinas que han estudiado sus perspectivas económicas.
Según su explicación, esos análisis permiten defender la continuidad del sistema durante las próximas décadas, al menos hasta 2050, si se mantienen determinadas condiciones de financiación y empleo.
La portavoz sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en el gasto, sino también en los ingresos, las cotizaciones y la distribución de los recursos públicos.
Sus afirmaciones sobre la viabilidad financiera constituyen la interpretación que trasladó en la entrevista y no sustituyen las proyecciones actuariales oficiales.
La inmigración y las cotizaciones sociales
Durante la conversación, Talavera destacó la aportación de los trabajadores inmigrantes a la Seguridad Social y al sostenimiento económico del país.
Relacionó esta cuestión con el descenso de la natalidad y las dificultades que afrontan muchas parejas jóvenes para tener hijos.
Como ejemplo, explicó que su propio hijo y su pareja encuentran obstáculos económicos para plantearse ampliar la familia, pese a trabajar ambos.
Consideró que las personas inmigrantes contribuyen mediante sus empleos, impuestos y cotizaciones, y rechazó los discursos que las presentan únicamente como una carga para los servicios públicos.
Talavera defendió que este debate debe abordarse teniendo en cuenta la evolución demográfica y las necesidades del mercado laboral.
Los jóvenes también deben defender las pensiones
Isabel Talavera insistió en que la defensa de las pensiones públicas no corresponde exclusivamente a quienes ya están jubilados.
Recordó que los trabajadores actuales serán los pensionistas de las próximas décadas y que sus derechos futuros dependerán también de las decisiones adoptadas hoy.
Expresó su preocupación por los mensajes que generan desconfianza entre los jóvenes sobre la posibilidad de recibir una pensión pública.
Por ello, reclamó un esfuerzo pedagógico para explicar el funcionamiento de la Seguridad Social y la importancia de la solidaridad entre generaciones.
También criticó que algunos sindicatos no concedan suficiente protagonismo a las pensiones en sus reivindicaciones habituales.
A su juicio, la defensa del sistema debe comenzar en los centros de trabajo y no únicamente cuando se alcanza la edad de jubilación.
Valora la movilización juvenil por la vivienda
En el tramo final de la entrevista, Talavera mostró satisfacción por la participación de los jóvenes en las movilizaciones sociales.
Se refirió a las protestas por la vivienda y al aumento de la presencia juvenil en concentraciones y manifestaciones.
Consideró que estas movilizaciones reflejan una mayor conciencia sobre los derechos laborales y sociales.
También expresó su esperanza de que este interés se mantenga en el tiempo.
Para Talavera, las reivindicaciones de pensionistas, trabajadores y jóvenes están relacionadas porque comparten problemas como el coste de la vida, la vivienda y la precariedad económica.
Una lucha que continúa después de casi diez años
La portavoz recordó que su organización cumplirá diez años en 2027 y repasó algunas de las dificultades que ha atravesado el movimiento pensionista desde sus comienzos.
Reconoció que la participación ha variado con el tiempo y que las diferencias organizativas han dificultado determinadas convocatorias.
Sin embargo, insistió en que el colectivo continuará defendiendo sus reivindicaciones.
Para Isabel Talavera, la finalidad de las movilizaciones no es mejorar exclusivamente la situación de quienes ya perciben una pensión, sino proteger también los derechos de las próximas generaciones.
La entrevista concluyó con una defensa de la participación ciudadana y de la necesidad de mantener la presión social para conseguir avances.
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