María Salud Gil: Ponerse un casco y un chaleco en campaña electoral no construye viviendas
La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas advierte de que Canarias necesita construir entre 10.000 y 12.000 viviendas anuales. En Radio Faro analiza los concursos desiertos en Mogán, los costes de construcción, la falta de financiación pública y las promesas electorales.
María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, aseguró en El Batiburrillo de Radio Faro que el sector está cansado de escuchar anuncios políticos sobre vivienda que no se traducen en nuevas construcciones.
Estamos hartos de medidas efectistas y no efectivas, afirmó, recordando las dificultades que atraviesan jóvenes, familias y trabajadores para encontrar una vivienda asequible.
Hay suelo para construir 125.000 viviendas en Canarias
Gil explicó que el principal obstáculo es la falta de rentabilidad de las promociones. Según sus datos, los costes generales de construcción han aumentado entre un 40 % y un 50 %, mientras que determinados materiales y suministros han registrado subidas de hasta el 300 %.
Aseguró que Canarias dispone de suelo para unas 125.000 viviendas, buena parte de él en manos municipales, pero denunció la falta de coordinación entre ayuntamientos, Gobierno de Canarias, Estado y empresas.
Recordó que en 2007 se construían unas 39.000 viviendas anuales, frente a menos de 3.000 actualmente, mayoritariamente de renta libre.
También señaló los retrasos de hasta dos años en las licencias, reclamó aprovechar los informes de los colegios profesionales para agilizar su tramitación y defendió recuperar mecanismos de silencio administrativo positivo. A ello sumó el peso de la fiscalidad, que cifró en aproximadamente el 25 % del precio de una vivienda.
Mogán: Si un concurso queda desierto es porque no es rentable
Preguntada por las declaraciones de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sobre los concursos de vivienda que quedan sin ofertas, Gil reconoció el trabajo realizado conjuntamente con el Ayuntamiento para desarrollar proyectos mediante el derecho de superficie.
Destacó los esfuerzos municipales, incluida la bonificación de hasta el 95 % de determinadas licencias, pero explicó que estas medidas no son suficientes cuando los costes de construcción superan los ingresos previstos.
Si cuando se licita un precio las empresas no se presentan, es porque no es rentable, sostuvo.
La presidenta defendió que las administraciones aporten financiación para cubrir la diferencia entre el coste real de construir y lo que las familias pueden pagar.
Explicó que mantienen conversaciones con el Gobierno de Canarias para revisar los módulos económicos de vivienda protegida, aunque advirtió de que subirlos excesivamente también encarecería los alquileres.
Una propuesta para construir vivienda asequible
Gil propuso un modelo de colaboración en el que los ayuntamientos aporten suelo, los promotores financien la construcción y el Gobierno de Canarias utilice las subvenciones de los planes de vivienda para abaratar el precio final.
Como ejemplo, calculó que una aportación pública anual de entre 300 y 450 millones de euros podría movilizar entre 2.500 y 2.800 millones de inversión privada, planteamiento que presentó como una posibilidad de financiación.
Insistió en que las viviendas protegidas tienen precios máximos establecidos por la normativa y que las empresas necesitan cubrir los costes de producción y obtener un margen mínimo para participar en las licitaciones.
Críticas a los cambios normativos y al mercado del alquiler
La representante empresarial cuestionó las medidas estatales que, a su juicio, introducen inseguridad jurídica para propietarios y promotores.
Advirtió de que modificar las condiciones de alquiler o de una promoción cuando ya se han realizado inversiones puede provocar la paralización de proyectos y la retirada de viviendas del mercado.
También relacionó la caída de la construcción con la desaparición de empresas, la pérdida de empleo y la falta de profesionales especializados.
Entre las alternativas, mencionó la recuperación de edificios inacabados para incorporarlos al mercado residencial.
Las viviendas no se construyen durante una campaña electoral
Con las elecciones generales del 29 de noviembre como telón de fondo, María Salud Gil criticó la sucesión de anuncios sobre nuevas promociones.
Poniéndose un casco, un chaleco y un cartel detrás no se hacen viviendas, manifestó, reclamando actuaciones y financiación en lugar de promesas.
Según sus estimaciones, Canarias necesita construir entre 10.000 y 12.000 viviendas anuales, ante la previsión de unos 150.000 hogares adicionales hasta 2039.
La presidenta alertó de las consecuencias sociales que puede generar el déficit residencial y defendió que el sector privado está dispuesto a invertir, siempre que existan condiciones económicas y jurídicas viables.
Su mensaje final fue claro: hay suelo, existe demanda y los constructores quieren promover viviendas, pero considera imprescindible una mayor inversión pública y coordinación entre administraciones para que sean realmente asequibles.
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