Laura Abadía denuncia que se utilizan sanciones para apartar a alumnos con discapacidad

La asesora en derechos del alumnado con discapacidad cuestiona la normativa educativa canaria, reclama más recursos y relata el caso de un menor que obtuvo una indemnización de 25.000 euros tras una larga batalla judicial.
La especialista en derechos del alumnado con discapacidad Laura Abadía participó en El Batiburrillo, de Radio Faro, donde conversó con Nery Pérez sobre las dificultades que afrontan numerosas familias canarias para conseguir una educación inclusiva.
La entrevista se celebró con motivo de las jornadas “Construyendo una escuela para tod\@s”, organizadas por la asociación Amararte, con la participación de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, que tendrán lugar el 14 de noviembre en Arguineguín.
Denuncia expulsiones y sanciones sin valorar la discapacidad
Abadía fue especialmente crítica con las sanciones aplicadas a menores con discapacidad por comportamientos que, según denuncian sus familias, están relacionados con sus necesidades educativas.
La asesora sostuvo que existen situaciones en las que se utilizan procedimientos disciplinarios para favorecer la salida de determinados alumnos de los centros ordinarios o su derivación hacia otras modalidades de escolarización.
A su juicio, estas actuaciones pueden generar indefensión y vulnerar derechos reconocidos en la normativa española e internacional.
Las 84 enmiendas a la Ley de Autoridad Docente
La especialista explicó que participó en la elaboración de las 84 enmiendas presentadas por la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, con el objetivo de incorporar mayores garantías para el alumnado con discapacidad.
Aunque lamentó que buena parte de sus propuestas no prosperaran, reconoció un avance: la inclusión de una referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la exposición de motivos de la normativa.
También cuestionó el desarrollo de disposiciones autonómicas que, según su interpretación, pueden entrar en conflicto con derechos reconocidos en normas de rango superior.
En este sentido, destacó la creación de la Red Estatal de Educación Inclusiva (REDIN), que preside, con la finalidad de impulsar la defensa jurídica de estos derechos y cuestionar normativas que considere discriminatorias.
Reclama apoyos educativos y libertad de escolarización
Abadía insistió en que las administraciones deben garantizar los recursos necesarios para que cada alumno pueda desarrollar sus capacidades.
Mencionó la falta de profesionales especializados, técnicos de integración social, medidas de anticipación y espacios de calma para estudiantes que necesitan apoyos específicos.
También cuestionó que las evaluaciones e informes psicopedagógicos puedan convertirse, según su criterio, en obstáculos para acceder o permanecer en determinados centros.
Defendió que las familias puedan reclamar los recursos necesarios y recurrir las decisiones de escolarización con las que no estén de acuerdo.
Una indemnización de 25.000 euros tras años de lucha
Uno de los testimonios más destacados fue el de un menor con autismo cuya familia comenzó a reclamar su escolarización en 2016.
Según relató Abadía, la Administración rechazó durante más de un año su acceso a un centro ordinario que contaba con una unidad de educación especial, a pesar de existir plaza.
La asesora afirmó que la familia ganó posteriormente el procedimiento judicial y que, tras continuar reclamando, en 2026 obtuvo una indemnización de 25.000 euros por la vulneración del derecho a la educación del menor.
Abadía destacó la importancia del resultado, aunque lamentó el largo proceso que tuvo que afrontar la familia para conseguir una reparación económica.
Familias que no pueden pagar abogados
La especialista también advirtió de las dificultades económicas de muchas familias para acudir a los tribunales.
Explicó que existe la posibilidad de solicitar justicia gratuita cuando se cumplen los requisitos, pero aseguró que algunas familias encuentran dificultades para conseguir profesionales que asuman estos procedimientos.
Por ello, recomendó acudir al Defensor del Pueblo y a entidades especializadas como la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, Amararte o Segundo Maestro para recibir orientación sobre las reclamaciones administrativas y judiciales.
Tres peticiones al consejero Poli Suárez
Preguntada por las medidas que trasladaría al consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, Abadía planteó tres prioridades:
— Revisar la normativa autonómica que afecta al alumnado con discapacidad.
— Evitar que los informes psicopedagógicos funcionen como una autorización que condicione el derecho a la educación.
— Garantizar recursos educativos suficientes y el acceso a las enseñanzas de Primaria y Secundaria, también para quienes opten por centros de educación especial.
Asimismo, consideró que Canarias se encuentra entre las comunidades con mayores deficiencias en educación inclusiva, junto con Madrid y Andalucía, y destacó algunas medidas de apoyo existentes en la Comunidad Valenciana.
No es solo falta de presupuesto
Abadía sostuvo que el principal problema no es exclusivamente económico, sino que responde también a una concepción del sistema educativo que, a su juicio, continúa estableciendo diferencias entre estudiantes con y sin discapacidad.
Para ilustrarlo, comparó la situación con épocas en las que las mujeres recibían una educación distinta a la de los hombres por prejuicios sociales.
La especialista defendió que las necesidades individuales de cada alumno deben determinar los apoyos que recibe y no limitar sus oportunidades educativas.
Jornadas en Arguineguín y mensaje a las familias
La entrevista también sirvió para presentar las jornadas de educación inclusiva del sábado 14 de noviembre, que buscan ofrecer información práctica sobre derechos educativos, reclamaciones y herramientas de apoyo.
Abadía explicó que están dirigidas tanto a familias como a profesionales de la educación y animó especialmente a acudir a quienes estén atravesando dificultades con la escolarización de sus hijos.
Como madre de un menor con discapacidad, quiso trasladar un mensaje de esperanza y tranquilidad, recomendando afrontar las reclamaciones sin miedo, buscar acompañamiento y mantener la constancia.
“No se cansen, que eso es una carrera de fondo”, manifestó.
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