La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, analizó en El Batiburrillo (Radio Faro) la situación de la vivienda en Canarias y defendió que el Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 debe adaptarse a la realidad del Archipiélago, porque “se está elaborando con población ajustada de hace casi 20 años” y no contempla que Canarias ha crecido “casi medio millón de personas en la última década”.
Valido subrayó que el plan no contempla la condición ultraperiférica del territorio, ni el sobrecoste de los materiales y el transporte, lo que encarece la construcción en las Islas. También destacó la limitación del suelo disponible y las dificultades de urbanizar zonas sin servicios, insistiendo en que “no puede aplicarse una talla única para todo el Estado” y que Canarias necesita un reparto de recursos “justo y equitativo”.
En relación con la emergencia habitacional, afirmó que Canarias vive una situación especialmente agravada por la presión turística y la compra de vivienda por parte de personas que no residen aquí, señalando que muchas casas acaban fuera del mercado residencial al destinarse al alquiler vacacional. En este contexto, defendió la necesidad de impulsar medidas para que quienes no vayan a vivir en las viviendas no puedan adquirirlas, y reclamó que “debe prevalecer el derecho del residente a acceder a una vivienda”.
Sobre la ley de residencia, reconoció que es un asunto complejo en el marco de la UE, pero defendió que Canarias debe estudiarlo “sin complejos y sin miedo”, buscando fórmulas legales para priorizar al residente y proteger los servicios públicos ante el crecimiento poblacional y la presión sobre el territorio.
En el tramo final de la entrevista, habló de la situación en Venezuela, pidiendo que España actúe con “diplomacia seria y rigurosa”, sin uso partidista del conflicto, defendiendo los derechos humanos, la liberación de presos y una hoja de ruta democrática con observación internacional y protagonismo del pueblo venezolano.
Además, avanzó que en el Congreso se celebraría un pleno extraordinario para convalidar decretos sobre bonificaciones al transporte y la actualización de pensiones, y criticó la práctica de los “decretos ómnibus”, denunciando la inclusión de medidas polémicas como la prórroga de la suspensión de desahucios. Valido defendió que la vulnerabilidad debe asumirla el Estado y pidió soluciones específicas para pequeños propietarios afectados.
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