SOS Maspalomas asegura que, pese a la retirada de la barrera ordenada por Costas, usuarios de la playa siguen siendo increpados y vigilados por seguridad privada dentro de la urbanización.
La apertura del acceso a la playa de Pasito Blanco, ordenada por la Demarcación de Costas tras la intervención del área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, fue recibida el pasado año como una victoria para el uso público del litoral. Sin embargo, colectivos ciudadanos denuncian ahora que el problema podría no haberse resuelto del todo.
La retirada de la barrera se produjo después de que el Ayuntamiento, a través del área de Urbanismo dirigida por Davinia Ramírez, precintara las obras de urbanización y trasladara la situación a Costas, que posteriormente requirió garantizar el acceso libre al litoral conforme a la Ley de Costas. Con esta actuación, el consistorio defendía el derecho de cualquier ciudadano a llegar a la playa sin restricciones.
Durante meses, vecinos, visitantes y deportistas celebraron la posibilidad de acceder libremente a este enclave del sur de Gran Canaria. Sin embargo, la asociación SOS Maspalomas asegura que la situación sobre el terreno dista mucho de esa normalidad.
Denuncian vigilancia y presión a visitantes
Según el colectivo ciudadano, desde finales de 2025 muchas personas que acceden a la urbanización para dirigirse a la playa aseguran sentirse observadas y vigiladas por parte de la seguridad privada y algunos residentes.
Relatan que, una vez dentro del recinto, es frecuente que empleados de seguridad se acerquen para preguntar a dónde se dirigen, dónde van a aparcar o qué motivo tienen para estar allí, generando una sensación de incomodidad entre quienes simplemente pretenden disfrutar de un espacio público.
Desde la asociación aseguran que incluso se produce un seguimiento de los vehículos hasta el lugar donde estacionan, y que en ocasiones se les llama la atención por aparcar en zonas de la vía pública que no presentan señalización de vados o restricciones.
Según la denuncia, algunos de estos trabajadores se desplazan por la urbanización en vehículos tipo minigolf, que según el colectivo carecerían de homologación para circular por vías públicas, lo que podría suponer además un problema de seguridad vial.
La asociación afirma disponer de un vídeo grabado en febrero de 2026 en el que se observaría cómo un vigilante de seguridad obliga a marcharse a varias personas que habían accedido a la zona.
“Sensación de ciudadanos de segunda”
Desde SOS Maspalomas aseguran que la experiencia de acceder a Pasito Blanco para disfrutar de la playa, pasear o practicar actividades deportivas termina generando una sensación de “ser ciudadanos de segunda”.
El colectivo explica que muchos usuarios celebraron inicialmente la apertura del acceso, especialmente pescadores submarinos o deportistas que utilizan la zona G.3 para acceder al mar con material pesado. Sin embargo, sostienen que la presencia constante de seguridad privada y algunas actitudes de residentes generan conflictos innecesarios.
También denuncian que se han retirado elementos de mobiliario urbano como bancos o un parque infantil en zonas públicas, lo que interpretan como una forma de desincentivar la presencia de visitantes.
Además, advierten de otras carencias en el espacio público de la urbanización, como la ausencia de aparcamientos señalizados para personas con movilidad reducida, lo que dificultaría el acceso universal a la playa.
¿Conocen las administraciones esta situación?
Ante estas denuncias, el colectivo se pregunta si las administraciones públicas conocen lo que está ocurriendo actualmente en el interior de la urbanización, especialmente después de la intervención municipal que permitió reabrir el acceso al litoral.
El hecho de que el Ayuntamiento actuara el pasado año para garantizar el cumplimiento de la Ley de Costas plantea ahora una cuestión que algunos vecinos consideran clave: si las instituciones tienen constancia de estas prácticas y si se está supervisando que el acceso público sea realmente libre y sin presiones.
La asociación reclama una mayor presencia de Policía Local en la zona y pide que las administraciones velen por el cumplimiento efectivo de la normativa que garantiza que las playas son un bien público.
Un debate que vuelve a abrirse
El caso de Pasito Blanco vuelve así a poner sobre la mesa un debate recurrente en el sur de Gran Canaria: el equilibrio entre urbanizaciones privadas y el derecho de la ciudadanía a disfrutar libremente del litoral.
Mientras la Ley de Costas es clara al establecer que las playas son de uso público, colectivos ciudadanos recuerdan que ese derecho no solo debe existir en el papel, sino también en la práctica diaria de quienes quieren acceder al mar sin sentirse cuestionados o vigilados.
Por ahora, las denuncias de SOS Maspalomas vuelven a reabrir un asunto que parecía resuelto tras la retirada de la barrera, pero que según este colectivo sigue generando conflictos y malestar entre quienes defienden que el litoral debe ser accesible para todos.