No estamos ante una gala de cine. Estamos ante otra muestra de una forma de gobernar en la que el dinero público encuentra siempre camino para los de arriba, pero nunca solución suficiente para los problemas de abajo.
Ya no se trata de los Goya.
Se trata de la política.
Se trata de esa política local que empieza justificándolo todo, normalizándolo todo y dándolo todo por hecho, como si el vecino estuviera obligado a tragar en silencio cada gasto, cada dieta, cada desplazamiento y cada privilegio envuelto en lenguaje administrativo.
Porque eso es lo que más molesta de este asunto. No solo que exista una cuenta justificativa a favor de María Elena Álamo Vega por gastos de locomoción y dietas para asistir a la 40ª edición de los Premios Goya. Lo que verdaderamente indigna es lo que transmite: la sensación de que algunos cargos públicos han terminado creyendo que el Ayuntamiento está también para costearles la agenda, la presencia y el escaparate.
Y no.
El Ayuntamiento está para servir al vecino.
No para servirse del vecino.
Por eso conviene dejar algo muy claro: aquí no vale mezclar fechas ni construir coartadas con relatos viejos. Una cosa fue la operación política de 2025, cuando se hablaba de la candidatura de Maspalomas a futuras ediciones de los Goya. Y otra muy distinta es lo que ahora aparece sobre la gala de 2026: una asistencia concreta, una cuenta justificativa concreta y una explicación pública que, por ahora, brilla por su ausencia.
Y ahí es donde se rompe todo.
Porque cuando un cargo público viaja con dinero público, la obligación no es disfrutar del evento ni moverse entre focos y alfombras rojas. La obligación es poder mirar al ciudadano a la cara y explicarle, sin titubeos, por qué era necesario ese viaje, qué interés general lo justificaba, cuánto costó exactamente y qué ganó el municipio con esa presencia.
Si eso no se puede explicar bien, entonces el problema no es de percepción.
El problema es político.
Y también moral.
Porque mientras en San Bartolomé de Tirajana hay vecinos lidiando con la vivienda, con la inseguridad, con la suciedad en las calles, con barrios que piden atención y con servicios que no siempre responden como deberían, resulta que para determinados desplazamientos sí aparece cobertura, sí aparece trámite y sí aparece dinero.
Ahí está la herida.
No en el cine.
No en la cultura.
No en los Goya.
La herida está en la jerarquía real de las prioridades.
Siempre hay un argumento para justificar lo accesorio cuando lo accesorio beneficia al poder. Siempre hay una forma de vestir de institucional lo que en la calle suena a privilegio. Siempre hay un expediente, una firma, una fórmula administrativa y un tecnicismo disponible para convertir en normal lo que políticamente no lo es.
“Locomoción”.
“Dietas”.
“Asistencia”.
“Cuenta justificativa”.
Qué limpio suena todo cuando se redacta en un papel.
Qué distinto suena cuando ese papel lo traduce el vecino:
Otro viaje, otro gasto y otra explicación que no llega.
Y eso, en el fondo, es lo que más castiga hoy a la política. No solo los grandes escándalos. También esta suma constante de pequeñas decisiones arrogantes, de gastos que parecen asumirse como naturales y de dirigentes que ya no sienten la necesidad de dar explicaciones antes de usar recursos públicos para moverse en ámbitos que poco o nada tienen que ver con la vida real del municipio.
Porque esa es otra: ¿Qué pintaba exactamente Elena Álamo en esa gala?
¿A qué fue?
¿En representación de qué?
¿Con qué agenda?
¿Con qué resultado?
¿Con qué retorno para San Bartolomé de Tirajana?
Y si la respuesta es débil, vaga o directamente inexistente, entonces no estamos ante una acción institucional fallida. Estamos ante algo peor: la confirmación de que para algunos el cargo público ha dejado de ser una responsabilidad para convertirse en una posición de comodidad.
Lo grave de este asunto no es una foto.
Lo grave es el fondo.
Lo grave es la mentalidad.
Esa mentalidad según la cual lo importante no es si el gasto parece razonable a los ojos de la ciudadanía, sino si el expediente puede tramitarse. Esa mentalidad que confunde legalidad con legitimidad. Esa mentalidad que cree que mientras el papel aguante, el vecino también tiene que aguantar.
Pero el vecino ya no aguanta igual.
Porque la gente suma.
Suma los sueldos.
Suma las asistencias.
Suma las dietas.
Suma los viajes.
Suma el despliegue en ferias, actos, eventos y promociones.
Y luego mira su calle, su barrio, su municipio y se pregunta si de verdad ese era el orden correcto de las prioridades.
Y ahí nace la rabia.
Una rabia perfectamente comprensible. Porque a la ciudadanía se le pide responsabilidad, sacrificio y paciencia. Pero demasiadas veces no ve esa misma contención en quienes administran su dinero. Al contrario: ve desenvoltura, comodidad y una peligrosa facilidad para disponer de lo público como si fuera una extensión natural del cargo.
Por eso este caso no debería cerrarse con una nota tibia ni con una explicación burocrática. Merece una respuesta política de verdad. Merece nombres, cifras, motivos y resultados. Merece transparencia completa. Y merece también una reflexión mucho más profunda sobre la deriva de una gestión municipal que parece sentirse más cómoda en el escaparate que en la rendición de cuentas.
Porque San Bartolomé de Tirajana no necesita cargos públicos en modo gala.
Necesita servidores públicos en modo realidad.
Y la realidad no está en Barcelona, ni en el patio de butacas, ni en el brillo de una ceremonia.
La realidad está aquí.
En los vecinos.
En sus problemas.
En sus prioridades.
En su cansancio.
Y cuando desde el poder se pierde de vista eso, cualquier locomoción acaba pareciendo una provocación.
El problema no es que Elena Álamo fuera a los Goya.
El problema es que en San Bartolomé de Tirajana empieza a parecer que algunos creen que gobernar también consiste en pasar la factura al vecino.
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