La representante de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva denuncia en Radio Faro falta de recursos, sanciones a menores con necesidades educativas especiales y el rechazo de las enmiendas que pretendían reforzar sus garantías. También cuestiona la gestión de la Consejería de Educación y anuncia que continuarán luchando por la futura ley de diversidad.
Carolina Buriticá, representante de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, denunció en El Batiburrillo de Radio Faro la situación que, según asegura, atraviesan numerosas familias con hijos e hijas con discapacidad en los centros educativos de Canarias.
La portavoz criticó el rechazo, por parte de PP, Coalición Canaria y sus socios parlamentarios, de las propuestas que pretendían introducir garantías para el alumnado con discapacidad en la ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado.
Se habla de consenso, pero no se escucha a las familias
Buriticá explicó que la plataforma decidió implicarse directamente en la elaboración de normas educativas después de mantener reuniones con responsables de la Consejería sin conseguir, según su versión, que sus propuestas fueran atendidas.
Para ello contrataron asesoramiento especializado y registraron 84 enmiendas, entre ellas medidas para que antes de sancionar o expulsar a un alumno se valoren su discapacidad, sus necesidades educativas y los apoyos que recibe.
Aseguró que trasladaron sus propuestas a los parlamentarios y que estos les comunicaron que la ley estaba centrada en los derechos del profesorado. Según explicó, PSOE y Nueva Canarias también defendieron sus enmiendas, pero fueron rechazadas.
Criticó igualmente que se intentara avanzar en un decreto de convivencia escolar sin suficiente participación de las familias y antes de desarrollar otras normas educativas relacionadas.
Expulsiones, falta de apoyos y familias desesperadas
La representante denunció que durante los últimos dos años se han incrementado las sanciones contra alumnado con autismo, TDAH y trastornos graves de conducta, sin valorar suficientemente las circunstancias de cada menor.
Aseguró conocer casos de niños que han acumulado hasta un mes de expulsiones escolares, así como situaciones en las que los expedientes disciplinarios terminan influyendo en decisiones sobre su modalidad de escolarización, favoreciendo, según denuncia, su traslado a aulas específicas o centros de educación especial.
También relató el caso de una madre de Fuerteventura que protesta semanalmente ante Educación para reclamar que su hijo con autismo regrese al aula ordinaria.
Mencionó además una situación comunicada por familias de Tenerife, donde varios alumnos habrían quedado apartados de actividades escolares y recreos tras la baja de una auxiliar que no había sido sustituida.
Buriticá denunció que algunas familias reciben llamadas para recoger a sus hijos cuando sufren una crisis de comportamiento y que, en determinados casos, se les habría advertido de la posibilidad de avisar a la Policía.
A su juicio, estas situaciones reflejan una falta de recursos que perjudica tanto al alumnado como al profesorado.
Críticas a la Consejería y al consejero Poli Suárez
La portavoz aseguró que las familias se encuentran con respuestas insuficientes o silencio administrativo cuando presentan reclamaciones ante Inspección Educativa y otros organismos. También describió el desgaste económico y emocional que supone acudir a los tribunales para defender los derechos de sus hijos.
Cuestionó al consejero de Educación, Poli Suárez, por anunciar incrementos de recursos que, según su experiencia, no se traducen en mejoras suficientes dentro de las aulas.
Reclamó más auxiliares, profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT), especialistas en Audición y Lenguaje (AL) y personal de apoyo dentro de las clases ordinarias.
También criticó las condiciones del servicio externalizado de auxiliares educativos y la falta de financiación, cuestionando las previsiones presupuestarias para 2027.
Buriticá defendió que los docentes y las familias deben trabajar juntos, en lugar de enfrentarse, y que corresponde a la Administración proporcionar los medios necesarios para garantizar la convivencia y la inclusión.
Tuve que salir de Canarias para garantizar la educación de mi hija
Uno de los testimonios más personales llegó cuando Carolina Buriticá explicó que había tenido que trasladarse fuera del archipiélago para que su hija recibiera los apoyos educativos que necesitaba.
Relató que en la comunidad autónoma donde reside actualmente encontró evaluaciones psicopedagógicas realizadas antes del inicio de las clases, una mayor coordinación con las familias y profesionales externos y apoyos especializados dentro del aula ordinaria.
La escuela debe adaptarse al niño, no el niño a la escuela, defendió.
La portavoz sostuvo que el acceso a determinados derechos educativos no debería depender de la comunidad autónoma en la que viva una familia.
Continuarán luchando por la ley de diversidad
La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva anunció que centrará ahora sus esfuerzos en la futura ley de diversidad, para exigir garantías efectivas, recursos suficientes y respeto a los derechos del alumnado con discapacidad.
Buriticá insistió en que no se puede hablar de inclusión cuando algunos niños permanecen separados de sus compañeros o solo participan ocasionalmente en las actividades comunes.
No hay alumnado de primera y de segunda categoría. Todos tienen los mismos derechos, afirmó.
Las familias interesadas pueden contactar con la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva a través de sus perfiles de Instagram y Facebook.
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