- El portavoz del Grupo Municipal, Francis Candil, critica la inacción del Ayuntamiento, que está dejando de percibir, como mínimo, 9 millones de euros por parte del Gobierno regional para la atención social
- La diputada y portavoz de Derechos Sociales en el Parlamento de Canarias y secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de Coalición Canaria, Cristina Valido, urge al Gobierno de Canarias a cumplir con la Ley, aportando los fondos necesarios e incrementando el personal destinado a esta área, que se sitúa en un trabajador por cada 20 mil habitantes, mientras que la ratio debería ser uno por cada tres mil habitantes
Las Palmas de Gran Canaria, viernes 19 de febrero de 2021- El Grupo Municipal Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria denunció este viernes que la paralización de la puesta en marcha de la Ley de Políticas Sociales, aprobada en mayo de 2019 por unanimidad en el Parlamento de Canarias, está incidiendo directamente en la financiación de los Servicios Sociales municipales.
Así lo comunicó este viernes el portavoz de CC-UxGC, Francis Candil, durante la rueda de prensa en la que estuvieron presentes el viceportavoz del Grupo Municipal, David Suárez, y la diputada y portavoz de Derechos Sociales en el Parlamento de Canarias y secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de Coalición Canaria, Cristina Valido.
Francis Candil explicó que, según esta Ley, los Servicios Sociales comunitarios de un Consistorio como Las Palmas de Gran Canaria tienen que estar financiados, como mínimo, en un 40% por el Gobierno de Canarias. “Esto se traduce en que de los 35 millones de euros de Servicios Sociales que tiene este Ayuntamiento, 14 millones deberían estar sufragados por el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, la ficha financiera del Gobierno de Canarias tan solo asciende a 5 millones”, criticó Candil, quien añadió: “El Gobierno regional está hurtando a este Ayuntamiento nueve millones de euros como mínimo para los Servicios Sociales de esta ciudad y el alcalde no hace nada para evitarlo. Augusto Hidalgo debe ser más beligerante y exigir al Ejecutivo autonómico la financiación que le corresponde a la capital para prestar la atención que los servicios de emergencia se merecen”.
Durante la rueda de prensa, el edil dio cuenta del número de trabajadores sociales que tiene el Ayuntamiento, que asciende a 128 para todos los servicios, incluyendo infancia, inclusión social, vivienda o atención comunitaria, entre otros. Candil lamentó que, de ellos, no llegue a medio centenar el número de trabajadores sociales de atención comunitaria, “cuando su ratio debería triplicarse para prestar esa primera valoración, que es la puerta de entrada de muchas personas que necesitan ayuda de esta Administración en Las Palmas de Gran Canaria”.
Además, el portavoz de CC-UxGC insistió en no perder de vista el contexto socio-económico en el que está sumida la ciudad, con cerca de 50 mil parados, un 28% de la población, y recordó que las entidades que atienden las situaciones de vulnerabilidad en la capital han visto incrementada su actividad en un 72% en cuanto a la atención de comedores o ayudas de emergencia, entre otras, y se ven superadas en su capacidad de respuesta.
Por su parte, Cristina Valido, indicó: “El Gobierno de Canarias debe cumplir con la Ley de Servicios Sociales, tanto aportando fondos económicos como incrementando el personal, porque es urgente y básico en un momento de emergencia social como el que estamos viviendo”. “Si ahora no tenemos adecuadamente dotados los Servicios Sociales comunitarios en personal y en recursos, estamos fracasando rotundamente en la manera de enfrentar esta crisis”, aseveró.
Además, denunció que no se haya elaborado el Plan Estratégico de Servicios Sociales, a partir del cual se desarrollan todos los convenios con los municipios de cara a la financiación de esta área, ni se haya desarrollado el Catálogo de Prestaciones y Servicios de Derechos Sociales, para el que el Colegio de Trabajadores Sociales solicitaba una ratio de un trabajador por cada 3.000 habitantes, “mientras que la ratio actual se sitúa en un trabajador social por cada 15 mil o 20 mil habitantes”, afirmó Cristina Valido.
“Tenemos cifras escalofriantes con miles de familias que no tienen ni ERTES ni paro, que no tienen derecho a ayudas, que acuden a los bancos de alimentos para poder alimentar a sus hijos y a los ayuntamientos a solicitar asistencia. Familias que ya no pueden más y Consistorios municipales que tampoco; por eso urge cumplir con la Ley de Servicios Sociales, una magnífica herramienta creada para aportar soluciones a los graves problemas que vive la sociedad actualmente”, dijo.
Además, criticó que no se cumpla la Ley en materia de Concertación Social y que no se haya puesto en marcha el Consejo de Coordinación sociosanitaria, fundamentales para luchar contra la crisis social agravada por la pandemia.