Llega septiembre. El mes al que muchos relacionan con la ‘rentrée’, el inicio después del periodo estival, ya que se retoman muchas actividades, en todos los ámbitos.
Sin embargo, en el plano político, desde el pasado año, ‘la vuelta al cole’ está siendo diferente. Aunque los periodos de sesiones en las Cortes, en algunos casos, se han visto interrumpidos, la actividad no se ha terminado de detener durante los meses de verano, porque debíamos seguir trabajando.
Muchos de nosotros hemos seguido al pie del cañón, con el único objetivo de generar sinergias que permitan a nuestra sociedad llegar más pronto que tarde a la recuperación.
Está siendo fundamental el trabajo que el Estado y el Gobierno de Canarias han desarrollado conjuntamente en todos estos meses, dando pasos decisivos para afrontar la salida de la crisis en las Islas, llegando a todos los ámbitos sociales y económicos.
Ahora, el inicio de las sesiones nos permitirá seguir trabajando y ahondando en diferentes líneas de trabajo, sin perder de vista las necesidades de quienes peor lo siguen pasando en esta crisis.
El objetivo es poder poner sobre la mesa propuestas que puedan verse plasmadas, cuanto antes, para seguir avanzando en ese reto que nos marcamos al inicio de la legislatura, para conseguir la #Canariasquequeremos.
En mi caso, en los últimos meses he seguido muy de cerca todos los asuntos relacionados con el área de Transportes, a la que estoy ligado como portavoz de la Comisión de Transportes del Senado.
Ahora se inicia un periodo de sesiones que será duro, pero vendrá marcado por los planes de recuperación y resiliencia.
En este sentido, el Ministerio de Transportes ya ha lanzado una convocatoria de 1.000 millones para los ayuntamientos, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal instrumento de los fondos europeos Next Generation.
En Canarias, treinta ayuntamientos pueden acogerse a esta iniciativa para acelerar la descarbonización de las ciudades, mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido mediante el impulso de zonas de bajas emisiones, la transformación sostenible del transporte público colectivo y la digitalización de la movilidad.
También en nuestras islas permitirá apoyar un sistema de transporte público urbano fiable, atractivo, accesible y asequible con flotas más modernas, eficientes y sostenibles; con la introducción de un concepto de movilidad inteligente adaptada a los nuevos hábitos y con el impulso de la digitalización para planificación, gestión y evaluación.
Esa es la apuesta por la que nuestras islas han pujado, avanzando hacia un modelo energético más autosuficiente, basado en las energías renovables, y con una menor dependencia del petróleo. Esta también ha sido una de las líneas incluida en las propuestas electorales del Partido Socialista para luchar contra el cambio climático, y en los programas de gobierno en aquellas administraciones en las que está presente.
Tenemos que ir dando pasos de gigante en torno a la movilidad con una visión más verde, avanzando hacia un modelo energético más autosuficiente, basado en las energías renovables, y con una menor dependencia del petróleo.
Nos lo propusimos, lo estamos llevando a cabo y estoy convencido de que en el futuro próximo conseguiremos buenos resultados y avanzar hacia una sociedad más sostenible y comprometida con la protección del medioambiente.
Otro asunto sobre el que he estado trabajando en los últimos meses, y que será uno de los primeros que se debatirá con el inicio de las sesiones de la Cámara Alta, es una normativa para favorecer la recuperación del sector del transporte de pasajeros, uno de los más dañados por la crisis sanitaria, y, en especial, los profesionales que ofrecen el servicio de transporte escolar.
El objetivo que se persigue es el de modificar el artículo referido a la antigüedad de los vehículos, permitiendo que se incremente de los 16 años a los 18, en Península, y de los 18 a los 20 en las Islas. Esto favorecería que el sector no tuviese que afrontar ahora mismo una inversión inmediata para renovar la flota .
También se abordará la flexibilización de las normas para reducir los plazos medios de pago en las operaciones comerciales en el sector, para que las pequeñas empresas no tengan que sufrir incumplimientos sistemáticos. Se prevé incluir un nuevo tipo infractor en la Ley, que contemple como plazo máximo legal de pago los sesenta días.
En definitiva, nos queda camino por recorrer, pero estamos dando pasos firmes y seguros, en todos los sectores. Creo que hay margen para el optimismo. En el plano sanitario, aunque aún hay cifras que estremecen, estamos avanzando muchísimo, gracias a la vacunación. En el plano económico, poco a poco, vamos recuperando el pulso, y ya estamos recibiendo parte de los fondos europeos consignados para seguir impulsando todas las medidas propuestas.
Ahora solo la unidad de acción de las distintas administraciones permitirá que podamos afrontar el futuro de las ocho islas, y del conjunto de España, con esperanza, generando sinergias que posibiliten colocarnos en un lugar preferencial de cara a la vuelta a la tan ansiada “normalidad”.
Ramón Morales es senador del PSOE por la isla de Gran Canaria