El pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana aprobó este lunes los presupuestos para el año 2022, que contarán con más de 61 millones de euros, en la misma sesión se aprobó el techo de gasto para el próximo ejercicio, la plantilla orgánica municipal para 2022 y también se votó a favor de la aprobación inicial del reglamento que regulará la modalidad de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo por parte del personal municipal, también se dio el visto bueno a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la concesión de prestaciones económicas por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana destinadas a la atención de necesidades sociales.
Todos los grupos votaron como Declaración Institucional una moción de apoyo a la dirección del Centro de Adultos de Santa Lucía de Tirajana en su lucha contra la decisión de la consejería de Educación del Gobierno canario de modificar el funcionamiento de los CEPAs que limita la estancia del alumnado de Formación Básica Inicial.
El concejal de Hacienda, Roberto Ramírez, fue el encargado de defender, en nombre del grupo de gobierno, los presupuestos municipales que contarán con 61.445.137 euros. Esta cifra supone un incremento de 3.595.909 euros, un 6,22% más respecto a los presupuestos de 2021.Tras hacer una relación de las grandes cifras, los portavoces de la oposición mostraron su rechazo al proyecto de presupuestos municipales. En gastos de personal se destinarán 27,5 millones de euros, en gastos en bienes y servicios se contemplan 19,8 millones y en transferencias corrientes 12,4 millones.
Antes de la votación en la que se aprobaron los presupuestos, cerró el turno de intervenciones el alcalde, Francisco García, que señaló que los presupuestos “no son simples cifras o cantidades de euros, cada partida, las cantidades destinadas en cada capítulo o cada área de gobierno, responden a unos objetivos políticos que tienen como centro a las personas, a la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana, de forma especial a la población que tienes más necesidades, a los sectores más vulnerables”.
El primer edil destacó que “Contaremos con cerca de 20 millones de euros en el capítulo 2, en Bienes y Servicios, un dinero que irá destinado a áreas tan importantes como los Servicios Sociales, la Infancia, las personas en situación de Dependencia o el área de Igualdad”. García añadió que “Hablamos del Centro de Alzheimer, de Drogodependencias, de apoyo a pacientes oncológicos, de centros de tarde para la infancia, de Atención Temprana”. “Muchos de estos servicios no se prestan en ninguno de los 21 municipios de nuestra isla, mantenemos por tanto una acción política que ha convertido a nuestro municipio en referente en cuanto a prestación de servicios públicos con objetivos sociales”, resaltó el primer edil. El alcalde también destacó las partidas destinadas a las Escuelas Infantiles, al Ateneo Municipal, las Ampas, los clubs deportivos y otros colectivos sociales.
El concejal de Personal, Pedro Sánchez, fue el encargado de defender la ordenanza de Teletrabajo. Sánchez manifestó que “en este asunto estamos en un periodo de aprendizaje, es nuestra idea seguir perfeccionando la manera en que debe llevarse adelante, y vamos a hacerlo cuidando que el teletrabajo no suponga una merma en la calidad del servicio que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía”.
El primer teniente de alcalde y concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Rodríguez, defendió el cambio a uso cultural de la parcela donde se ubicará el futuro museo arqueológico y casa de la cultura en Santa Lucía casco. La concejala de Servicios Sociales, Antonia Álvarez, presentó para su aprobación inicial la “Ordenanza reguladora de la concesión de las prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades sociales”. Álvarez explicó que “en esta ordenanza se recoge una nueva clasificación de las prestaciones económicas en base al catálogo de prestaciones que introduce la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias, incrementándose los conceptos subvencionables y las cuantías de cada uno de ellos”.
La concejala de Educación, Yaiza Pérez, defendió la moción presentada por el grupo de gobierno en la que se rechaza la decisión de la consejería de Educación del Gobierno canario de modificar la organización y el funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA). La orden del ejecutivo autonómico plantea que “El alumnado de Formación Básica Inicial podrá permanecer matriculado en dicho periodo formativo un máximo de dos cursos académicos adicionales al número de cursos establecido con carácter general para dicho periodo”. La moción, aprobada con el voto de todos los grupos políticos como Declaración Institucional, solicita a la consejería de Educación “que rectifique esta modificación evitando la exclusión educativa de un sector de la población muy vulnerable, habida cuenta de que por múltiples motivos, el proceso de aprendizaje de las personas adultas es más complejo que el del resto del alumnado”. La edil de Educación mostró su respaldo a la dirección del CEPA de Santa Lucía de Tirajana y recordó que “alrededor de un millar de alumnos y alumunas están en el CEPA de nuestro municipio y 300 personas están en la Formación Inicial Básica, la mayoría tiene más de 65 años, que en su edad escolar no pudieron culminar sus estudios porque debían trabajar en casa”.
