La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) manifiesta su satisfacción tras la sentencia que anula el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC), un instrumento que, tal y como venía denunciando la plataforma, vulneraba derechos de propiedad, ignoraba la consolidación de usos reconocida por la Ley 4/2017 y respondía a un modelo territorial obsoleto.

La PALT recuerda que su recurso no fue caprichoso, sino fundamentado en la defensa de derechos consolidados y en la falta de motivación del plan, especialmente en lo relativo a la prohibición de compatibilizar usos residenciales y turísticos en una misma parcela. Una convivencia que, como señalan, “tenemos y hemos tenido siempre de

forma excepcional”.

En este sentido, la plataforma subraya que el PIOGC “se aprobó dejando sin efecto la obligación de compatibilizar los usos residenciales y turísticos como recoge la Ley 4/2017”, contraviniendo además el consenso unánime alcanzado en el Parlamento de Canarias.

Un modelo que expulsa a la población

Uno de los aspectos más graves del plan, según la PALT, es la propuesta de especialización de usos —turístico o residencial— en municipios como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, incluso en suelos urbanos consolidados.

“La propuesta de especialización de usos no se justifica porque no responde al interés general, expulsa a la población del territorio, afecta gravemente a derechos consolidados”, denuncian, advirtiendo además que esta medida supone una ruptura del equilibrio social y territorial.

La plataforma alerta de que no se puede diseñar un modelo “provocando un desplazamiento poblacional de más de 700 parcelas”, ni imponer restricciones que, además, colocan a los ayuntamientos en una situación económica comprometida al verse obligados a asumir las consecuencias de limitar derechos.

Un territorio convertido en “escenografía”

La PALT critica con dureza la concepción del sur de la isla contenida en el PIOGC, al que acusa de promover un modelo despersonalizado:

“Convertir el sur de la isla en un mero destino vacacional para foráneos, sin población local, transformando los elementos naturales —costa, playas, Charca, barrancos— en mera oferta complementaria o ‘escenografía’, va contra nuestra idiosincrasia y nuestra cultura”.

Desde la plataforma reivindican que espacios como las Dunas de Maspalomas, el Palmeral del Oasis, el Roque Nublo o el macizo de Amurga “son patrimonio de los grancanarios, no un decorado de un parque temático”.

La costa y el océano: identidad, no producto

Como isleños, la PALT insiste en que “nada nos relaciona más con lo que somos que la costa y el océano”, por lo que reservar estos espacios para el turista supone ir contra la identidad del territorio.

Asimismo, consideran “un desatino” asumir que se puede duplicar la llegada de turistas sin afectar a la forma de vida de la población local.

 

Un modelo insostenible socialmente

La plataforma es contundente al afirmar que el PIOGC responde a “un modelo agotado, de ‘cuantas más camas mejor’, que pone todo el territorio al servicio de una sola actividad”, con consecuencias claras: la banalización de las costumbres, la pérdida del espacio ciudadano y el arrinconamiento de la población local.

“Como ciudadanos exigimos que el desarrollo sea sostenible ambiental, económica y, sobre todo, socialmente”, subrayan, recordando que el ciudadano grancanario “es el elemento que justifica que se planifique y por quien y para quien se toman las decisiones”.

En este sentido, denuncian que “la expulsión de una parte del territorio en beneficio de otros, la alteración de las costumbres sociales para que un modelo económico funcione y la entrega de lo que nos identifica para la diversión de los clientes convierte la

propuesta del PIO en un proyecto insostenible”.

Defensa del territorio y de los derechos

La PALT también señala la paradoja de que determinados actores pretendan intervenir en la ordenación del territorio sin ser propietarios:

“Vemos cómo gente que no es dueña del territorio pretende que este se reserve, interviniendo en espacios públicos y privados para impedir que un propietario pueda defender lo que le pertenece”.

Una sentencia que pone freno

La plataforma considera que la decisión judicial confirma que el plan era “discutible” y que su impugnación estaba plenamente justificada.

“Ha tenido que ser el TSJC el que, por el momento, pare esta locura”, señalan, concluyendo con una expresión que resume su posición:

“Que tanta paz lleve como descanso deja.”

Por último, la PALT insiste en que el futuro de Gran Canaria pasa por abandonar el concepto de “zonas turísticas” segregadas y avanzar hacia ciudades donde el turismo conviva con la población, respetando derechos, identidad y equilibrio territorial.