La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste, y el vicepresidente del colectivo, Manuel Batista, pasaron por los micrófonos de Radio Faro para valorar la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que vuelve a anular la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
Durante la entrevista, Doreste mostró la satisfacción de la plataforma por esta resolución judicial, que consideran un nuevo respaldo a los argumentos que vienen defendiendo desde hace años. La PALT sostiene que el PIO arrastraba problemas de fondo, especialmente por intentar imponer la incompatibilidad entre el uso residencial y turístico dentro de una misma parcela. Según explicó Doreste, esa interpretación afectaba directamente a miles de propietarios que compraron sus viviendas sin cargas ni restricciones de uso.
La presidenta de la plataforma insistió en que muchos complejos turísticos del sur de Gran Canaria son, en la práctica, espacios de uso mixto desde hace décadas. Por ello, defendió que existe una situación consolidada que no puede ser ignorada por las administraciones. “Si no hay especialización del suelo, no hay incumplimiento”, afirmó durante la entrevista.
Doreste también cuestionó con dureza el papel de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, que se personó junto al Cabildo en el procedimiento judicial. A su juicio, resulta llamativo que una organización empresarial intervenga contra propietarios que defienden su derecho a vivir en sus viviendas o disponer libremente de ellas.
Por su parte, Manuel Batista fue muy crítico con la clase política canaria y acusó a determinadas administraciones de favorecer los intereses de grandes operadores turísticos frente a los derechos de los propietarios. Aseguró que la ciudadanía debe tomar nota de qué partidos y responsables públicos han apoyado normativas que, según la PALT, han generado inseguridad jurídica, sanciones y angustia a numerosas familias.
Ambos representantes defendieron que el debate no es contra el turismo, sino contra un modelo turístico que consideran agotado, masificado y perjudicial para la población local. Criticaron que se pretenda reservar determinadas zonas exclusivamente para la actividad turística, mientras se expulsa a residentes y propietarios canarios de espacios donde han vivido o invertido legalmente desde hace décadas.
La PALT también cuestionó las declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tras la anulación del PIO. Maribe Doreste reprochó que desde los despachos se planifique el territorio sin conocer la realidad cotidiana de los vecinos del sur y sin escuchar suficientemente a quienes viven en las zonas afectadas.
Durante la entrevista, el colectivo volvió a denunciar las multas impuestas a propietarios por el uso de sus viviendas y pidió a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que actúe para paralizar esta situación. Doreste recordó que, según la plataforma, existe un compromiso político para acabar con estas sanciones y reclamó valentía para llevarlo a cabo.
Sobre la futura reforma de la Ley Turística, la PALT se mostró prudente. Doreste señaló que aún no existe un texto definitivo sobre el que pronunciarse y advirtió de que no bastan las declaraciones de intenciones. La plataforma espera conocer el contenido real de la propuesta antes de valorar si responde o no a las demandas de los propietarios afectados.
Manuel Batista recordó que la PALT mantiene abierta su hoja de ruta jurídica, con recursos pendientes, procedimientos ante el Tribunal Supremo, vías europeas y la defensa de los usos consolidados. Aseguró que el colectivo seguirá trabajando hasta lograr seguridad jurídica para los propietarios.
La entrevista concluyó con un mensaje de ánimo a las personas afectadas. La plataforma insistió en que no están solas y que continuará defendiendo sus derechos frente a una normativa que consideran injusta. Durante los meses de verano, la PALT mantendrá atención presencial los viernes por la tarde, de 17:00 a 19:30 horas.
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