El nuevo investigado fue número 3 de la candidatura de Nueva Canarias al Ayuntamiento de Mogán en las elecciones de 2019
Así, Osvaldo Lastras habría contactado en marzo de 2020, en pleno apogeo de la crisis sanitaria, con el intermediario Samuel Machín y este, a su vez, con el propietario de RR7 United, Rayco Rubén González, quien contrata con el Servicio Canario de la Salud (SCS) la compra de un millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros que nunca se entregaron. Lastras –persona de la máxima confianza de la líder de NC en Mogán, Isabel Santiago, y su marido, Juan Manuel Gabella González– es amigo del comisionista Samuel Machín y ambos se dedican al sector del entrenamiento personal y la distribución de productos dietéticos y de nutrición deportiva. Según lo declarado por este último ante el juez, tanto él como Osvaldo Lastras habrían mediado en la operación con el deseo de hacer un negocio que pudiera resolver sus vidas.
La inclusión de Osvaldo Lastras como investigado coincide con la declaración del secreto de las actuaciones decretada la pasada semana por el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca y con la asunción de la investigación por parte de la Fiscalía Europea, por considerar que esta presunta estafa puede afectar a fondos europeos. No obstante, ya en el auto en el que declaraba el secreto de la investigación, el magistrado apuntaba la posibilidad de que la lista de investigado aumentara en las siguientes semanas.
Así, con la imputación de Lastras eleva a siete los investigados en este procedimiento, en el que también se encuentran el propietario de la empresa RR7 United, Rayco Rubén González, el exdirector del SCS Conrado Domínguez y la exdirectora de Recursos Económicos de Sanidad Ana María Pérez. A ellos se unieron posteriormente la esposa, la madre y un primo del administrador único de RR7 United, al figurar en el entramado de empresas a las que presuntamente habría desviado parte de los fondos recibidos por la venta de las mascarillas.
En el procedimiento está también personada la Comunidad Autónoma en calidad de perjudicada, representada por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, y como acción popular se encuentra la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias.
No obstante, la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la investigación del ‘caso Mascarillas’ conlleva la paralización de las actuaciones por parte del Juzgado. De hecho, en su escrito, este órgano comunitario ha pedido al magistrado al cargo de la causa que “se abstenga” de practicar nuevas diligencias. En un decreto emitido desde su sede en Madrid, la Fiscalía Europea ha anunciado que activa su “derecho de avocación” para asumir la competencia sobre el caso y su investigación, ya que sospecha que el dinero que pagó por adelantado el SCS para adquirir un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió podían proceder del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
El texto del decreto recuerda que, de acuerdo con el derecho comunitario, las autoridades nacionales que estaban investigando esta presunta malversación de fondos públicos (el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción) “están obligadas a remitir sus actuaciones”. Por ello, el Juzgado ha suspendido las declaraciones que tenía previstas para este viernes tras recibir esta comunicación.