Este 9 de mayo finaliza el plazo para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que se convertirá en la Futura Ley de Vivienda Vacacional de Canarias, presentada por la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica de León (PP).
Actualmente, en Canarias existen más de 54.000 viviendas vacacionales registradas, 14.000 más que antes del anuncio del anteproyecto de ley y que ofrecen cerca de 200.000 plazas alojativas. Un efecto llamada que ha generado un aumento de unos 70 nuevos alquileres vacacionales por día, sin contar las miles de viviendas irregulares disponibles en los diferentes portales de internet. Una problemática que no hace más que agravarse y dar pie a la especulación inmobiliaria, la gentrificación y turistificación de las zonas residenciales, la escasez y encarecimiento de la vivienda y la consiguiente expulsión de la población de sus espacios.
La permisividad del Gobierno de Canarias en esta materia está provocando que la vivienda pierda su función social, que es la de habitar. Por ejemplo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), tres de cada diez viviendas son utilizadas como alquiler vacacional, algo que está expulsando y desplazando a la población local de los pueblos y barrios donde han nacido e imposibilitando el acceso a la vivienda de miles de canarios y canarias. Esta circunstancia es aún más llamativa si tenemos en cuenta la propia Constitución Española, que en su artículo 47 establece claramente que toda la ciudadanía tiene el derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que, además, son los propios poderes públicos los encargados de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sin embargo, el ejecutivo canario no solo no cumple con su obligación de defender el interés general, sino que promueve actuaciones completamente contrarias a él y abre la puerta a la turistificación de todos los espacios insulares, desplazando el uso turístico del suelo hasta zonas rústicas, urbanas residenciales e incluso parques naturales.
Es absolutamente necesaria y urgente una normativa que regule, controle y limite el alquiler turístico y ponga fin a la grave crisis habitacional que sufren las islas. Por ello, consideramos insuficiente una Ley de Vivienda Vacacional que no solo no regula la problemática actual sino que, además, la potencia y perpetúa.
El primer paso para regular esta actividad debería ser tener conocimiento pleno de la situación del mercado vacacional en las islas, realizando estudios para catalogar y controlar el número real de viviendas vacacionales existentes, regladas y no regladas. Medidas como una moratoria que permita frenar las nuevas licencias, una tasa o impuesto para esta actividad o los incentivos fiscales para las viviendas vacacionales que vuelvan al alquiler residencial ayudarían a paliar en el corto plazo los efectos negativos de esta actividad. Sin embargo, ninguna de ellas se contempla en la regulación propuesta por el Gobierno de Canarias.
A continuación, detallamos las alegaciones presentadas:
- Realizar estudios para catalogar y controlar el número real de viviendas vacacionales que hay en Canarias, regladas y no regladas.
- Regulación más efectiva para abordar la problemática detectada y evitar potenciarla tal como sucede con el anteproyecto planteado.
- Que el porcentaje de viviendas vacacionales implantadas vaya vinculado al número de viviendas construidas y habitables y no al número de viviendas planeadas.
- Que las plazas ofertadas por las viviendas vacacionales sean contabilizadas conjuntamente con el resto de plazas de la isla, estableciendo un techo de camas en cada isla.
- Justificación con estudios de capacidad de carga y sostenibilidad de los posibles porcentajes que se establezcan y no arbitrariamente.
- Armonización de las políticas propuestas de esta Ley con las establecidas en el Decreto Ley habitacional con las conclusiones de expertos para garantizar una regulación efectiva.
- Ajustar los plazos a dos años para el cumplimiento de los requisitos para las viviendas vacacionales para garantizar que estas no sigan contribuyendo negativamente a la crisis habitacional.
- Establecer el porcentaje de la reserva de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística con destino exclusivo para uso residencial y excluyente del uso turístico al alza para las “islas verdes” (en un 95%).
- Determinar el procedimiento de cómo se reducirán los excesos en aquellos municipios que ya superan el límite máximo establecido.
- Aumentar las exigencias a aquellas viviendas vacacionales existentes con al menos la conexión a la red de alcantarillado municipal. Implementar control de consumo de agua y contadores individuales en el abastecimiento de estas viviendas. Regular sobre otras cuestiones que ejercen presión sobre el local: aparcamiento, uso de espacios naturales protegidos, ruido, etc.
- Inclusión de un régimen sancionador claro y efectivo para garantizar el cumplimiento de la normativa.
- Aplicación de una tasa o impuesto específico para este tipo de actividad.
- Cuestionar el agravio comparativo implícito en la disposición transitoria tercera y solicitar un trato equitativo para todos los propietarios de viviendas en el mercado de alquiler de larga duración.
- Por último, queremos añadir que, de manera urgente, debe aprobarse una moratoria que prohíba la tramitación y autorización de nuevas licencias hasta la aprobación de la ley de forma definitiva, ley que debe aplicarse con carácter retroactivo.