El consejero Raúl García Brink desvela en una comparecencia en Comisión solicitada por el Grupo Popular que el Cabildo recurrió a asesoramiento externo para redactar un pliego de condiciones que vulneraba los principios de concurrencia y no discriminación
El Grupo Popular exige al gobierno insular “más rigor, diligencia y seriedad en la tramitación de los expedientes para que estos graves errores no retrasen los proyectos ni supongan pérdida de fondos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones”
El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha desvelado en Comisión de Pleno que el Tripartito pagó los servicios de una consultora técnica y un despacho jurídico especializado en contratación pública al objeto de elaborar el pliego de condiciones del fallido concurso para la redacción del proyecto y dirección facultativa de un centro de producción audiovisual de Infecar, una licitación que el Cabildo se ha visto obligado a paralizar por vulnerar los principios de libre concurrencia y no discriminación entre los candidatos.
En una comparecencia solicitada por el Grupo Popular para aclarar la “infracción no subsanable” detectada en el procedimiento de adjudicación del contrato tras una impugnación del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria –presentada, según García Brink, fuera de plazo-, el también presidente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) achacó la paralización del concurso a un simple “error jurídico” y justificó el asesoramiento externo por la complejidad técnica del proyecto.
García Brink no precisó, sin embargo, el gasto que ha supuesto para las arcas públicas la contratación por parte del Cabildo de estos servicios de asistencia técnica y jurídica ni reveló el nombre de las empresas consultadas para la redacción de un pliego de condiciones que infringía la Ley de Contratos del Sector Público y ha obligado al Tripartito a reiniciar el expediente.
A preguntas de Ana Kurson, portavoz popular en dicha Comisión –a la que no asistió ningún miembro del PSOE-, el consejero de Desarrollo Económico anunció que el equipo jurídico de la SPEGC, con la supervisión esta vez de los letrados del Cabildo, se encargará ahora de redactar el nuevo pliego de condiciones, que, según dijo, “se publicará en breve”.
Ana Kurson lamentó el retraso que conllevará esta infracción en la ejecución del futuro centro de producción audiovisual en Infecar, una infraestructura que, junto a los incentivos económicos aprobados por el Gobierno de España, incrementará la competitividad de Gran Canaria en la captación de rodajes de cine y abrirá nuevas oportunidades de empleo dentro del sector.
Por ello, la consejera popular exigió al gobierno que preside Antonio Morales “más rigor, diligencia y seriedad en la tramitación de los expedientes administrativos para que estos graves errores no retrasen los proyectos ni supongan una importante pérdida de fondos, como ya ha ocurrido más veces”.
“El pasado mes de julio el Cabildo dejó escapar 10 millones de euros de inversión para la puesta en marcha del proyecto ‘Gran Canaria Isla Inteligente’ al incumplir las bases de la convocatoria, y el Tripartito volvió a hacer el ridículo al no obtener un solo euro de los fondos de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) que concede el Gobierno de España a través del programa FEDER, mientras que otras administraciones sí lograron jugosas subvenciones”, recordó la consejera
En el caso del fallido concurso del centro de producción audiovisual, Ana Kurson resaltó que el informe de desistimiento elaborado por los departamentos jurídico y financiero de la SPEGC deja bien claro que “se aprecian una serie de aspectos en el contenido del pliego de condiciones particulares que podrían limitar a competencia”. En concreto, el texto hace referencia a la cláusula 15 sobre la solvencia técnica exigida a los licitadores, que restringe la libre concurrencia y es contraria al principio de no discriminación.
Dicha cláusula contemplaba que tanto el arquitecto como el ingeniero del equipo técnico debían acreditar un mínimo de 10 años de experiencia profesional y la redacción de proyectos de ejecución de dos obras de producción audiovisual y/o construcciones similares (hospitales, teatros, auditorios, centros de congresos, hoteles de 4 y 5 estrellas, terminales de aeropuertos y pabellones deportivos multiusos con aforo mínimo de 6.000 personas) de presupuesto de ejecución material mínimo de 4 millones de euros cada una en los últimos diez años.
A este respecto, Ana Kurson propuso también que en el nuevo pliego se tuviera en cuenta otra consideración incluida por el COAGC en su escrito de impugnación, en la que hace referencia a la exigencia de cualificación profesional específica de los miembros de la Mesa de Contratación para participar en un concurso de proyectos, por lo que al menos un tercio de los miembros del jurado deberá poseer dicha cualificación u otra equivalente, condición que tampoco se tuvo en cuenta.
Durante la Comisión, el Grupo Popular se interesó también por las gestiones realizadas hasta el momento por la Consejería Insular de Obras Públicas para la puesta en servicio de la conexión de Lomo La Viuda, en el pueblo de Tenoya; el proyecto de rehabilitación del Faro de Maspalomas, paralizado durante 20 meses y pendiente aún de un informe de la Consejería de Arquitectura; y el contrato suscrito por el Cabildo para el suministro de electricidad procedente exclusivamente de fuentes renovables, asunto que el propio consejero puso en tela de juicio al afirmar que lo único que se exigirá es un Certificado que en ningún caso garantiza que se trate de energía 100% limpia.