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El PSOE solicita nuevos centros de protección específicos de menores con problemas de conducta en todas las islas

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Mauricio Roque recuerda en el Pleno del Parlamento que en la actualidad sólo existe un centro de este tipo en Gran Canaria, y pide también que esta instalación se adapte a la legislación vigente

 

Canarias, 10 de marzo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Mauricio Roque ha solicitado hoy martes [10] en el Pleno del Parlamento de Canarias que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud  del Gobierno canario ponga en marcha nuevos centros de protección específicos de menores con problemas de conducta en todas las islas, ya que en la actualidad sólo existe un centro de estas características en Gran Canaria.

Roque preguntó al Gobierno canario en una comparecencia a petición de los socialistas sobre el acogimiento residencial en este tipo de centros, y recordó que el único que existe en Canarias que cumple esta función debe adaptarse a la legislación porque cuenta “con necesidades en su inicio de adaptación en algunos aspectos, y es necesario conocer la situación actual en cuanto al grado de implementación de la legislación vigente, tanto de una perspectiva funcional como de material del centro”.

Además, pidió conocer los proyectos del Gobierno para la creación de nuevos centros de estas características debido “al número cada vez más elevado de situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar, situaciones de violencia filioparental y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental”.

El diputado socialista destacó que estos centros de protección a la infancia son fundamentales porque tienen en cuenta las especiales características, complejidad, condiciones y necesidades de los niños y niñas que requieren una intervención especializada, cuando se encuentren bajo la protección de la entidad pública.

En este sentido recordó que la sociedad española “ha sufrido un proceso de cambios acelerados en los últimos  años que ha tenido su manifestación en la aparición de un nuevo perfil de usuarios de los servicios sociales y de los servicios de protección de la infancia y a las familias. Al incidir en los derechos fundamentales de los niños y niñas, se han determinado los límites de la intervención, entre otras cuestiones, las medidas de seguridad como la contención, el aislamiento o los registros personales y materiales”.

Para Roque, este nuevo marco jurídico “ha situado la consideración del menor en el centro de las decisiones que le afectan, es decir, sujeto activo e interactivo, al que el entorno debe proporcionar todos los recursos y apoyos necesarios para su desarrollo personal, sin que existan impedimentos o barreras de ningún tipo”.

El diputado socialista afirmó que la justificación de recursos destinados a atender graves problemas del comportamiento, así como situaciones de crisis, radica en la necesidad de proporcionar a estos menores un contexto más estructurado socio-educativo y psicoterapéutico, “que sólo un programa específico pueda ofrecerles, tratando el problema desde un enfoque positivo y de oportunidades, además de los principios y proyectos educativos”.

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